La visita del papa Francisco ha conmovido a todos, pero en especial a los católicos que han logrado hacer que sus convicciones morales  sean obligatorias para todos, aquellos organizados en Provida y el PAN que promovieron  castigar de manera rigorista a las mujeres que abortan, sin importar las circunstancias. Esta es una ocasión propicia para que el dirigente  Ricardo Anaya haga una reflexión sobre su actuación en su partido; sobre la corrupción y la impunidad, sus nuevas banderas electorales.

Porque debe precisar si su combate a la corrupción va en serio, o se trata simplemente de un discurso para ganar votos. Si propone establecer normas de aplicación general o se trata de una justicia selectiva dependiendo de quien se trate y si es o no de su partido, si es o no una persona relevante.

Porque su actuación, como jerarca del PAN, dista mucho de ser imparcial y equitativa en los casos públicos en que se han visto implicados sus correligionarios. En especial con los sospechosos de sostener relaciones con  el narcotráfico, con el criminal más buscado del mundo antes de su recaptura.

Puede parecer atinado el plácet que ha concedido para el desafuero de Lucero Sánchez López, diputada local sinaloense, e investigar sus relaciones con el Chapo, no obstante que resulta extemporáneo, ya que esperó más de seis meses desde que fuera denunciada por utilizar documentos falsos para visitar al capo en la cárcel y, peor aún, luego de que la PGR había iniciado las pesquisas pertinentes. Sin embargo, el trato que dio a esa legisladora dista mucho de la protección que le otorga a Kate del Castillo, militante del PAN desde que su padre fue su candidato, investigada por idénticos vínculos.

El mensaje no puede ser más contradictorio, cuando se hace al omiso sobre el régimen de corrupción extrema que encabezó Guillermo Padrés Elías como gobernador de Sonora.

Igual sucede con el senador  Jorge Luis Preciado, que, cuando candidato del PAN al gobierno de Colima, fue difundida por Anonymous  una conversación telefónica en la que obligaba a su novia, 20 años menor que él, a practicarse un aborto, conducta cuyo partido luchó para que fuera considerada criminal.

Están documentados casos en que, bajo la ley prohijada por el PAN, se ha obligado a menores de edad, víctimas de una violación, a tener el producto, o en que muchachas del servicio doméstico han sido sometidas a largos años de cárcel por haber sido denunciadas por sus patronas de haber abortado.

¿Por qué entonces Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, no se pronuncia por que se investigue al senador blanquiazul por instigar a su pareja a cometer un delito? ¿Por qué no lo expulsa del PAN por violar los principios de su partido?
¿O se trata de lo mismo de siempre: castigar a la víctima y no al victimario, ateniéndose a la vieja ley sexista en la que el delito del violador quedaba suprimido si aceptaba casarse con su víctima, recibiendo así, más que un castigo, un premio?