La actualización de planes y programas de estudio para tener egresados mejor calificados es, sin duda, una necesidad y una obligación de todo el sistema educativo nacional y, también sin duda, de las instituciones de educación superior, y ahora más que nunca es el caso de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana y las estatales, así como el Instituto Politécnico Nacional.

Sin embargo, no solo se trata de sentar a expertos pedagogos y eruditos en distintas materias, el asunto es que dichos cambios sean aplicables para poderlos echar a andar y en México eso significa que tiene que entenderse que las instituciones públicas de educación superior tienen por esencia desde su fundación un alto factor de volatilidad social y política, lo que las hace hipersensibles ante actos de autoridad o de plano autoritarios.

Hoy en día la educación pública es objeto de una muy alta percepción negativa sobre su calidad como herramienta para la adquisición de conocimientos que permitan una incorporación exitosa al mundo laboral tanto por una permanente campaña de desprestigio desde el sector privado que ha impulsado a sus propias instituciones de educación superior, como por una lamentable descomposición de la escuela pública producto del descuido y abandono oficial que llegó a su grado máximo cuando el ex presidente Vicente Fox prácticamente entregó al sindicato de Elba Esther Gordillo la definición de las políticas públicas del sector, así como por la militancia destructiva de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que ha secuestrado el futuro de los niños de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, a los que tiene sumidos en los últimos lugares de aprendizaje a escala nacional.

Las universidades e institutos superiores públicos no son ajenos a este fenómeno, pero no hay que olvidar que de su seno han surgido movimientos trasformadores que han empujado la modernización del país; basta citar los movimientos estudiantiles por las Libertades Democráticas de 1968 y el del Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM de 1986-87.

Es evidente que el conflicto que vive el Politécnico es producto de la imprudencia, descuido e ignorancia de los antecedentes históricos y de la coyuntura política de la directora Yoloxóchitl Bustamante y su equipo que impulsaron un reglamento interno que era evidente que generaría una reacción virulenta de académicos, trabajadores y alumnos, más allá de los necesarios y urgentes cambios a los planes de estudio. ¿Qué les costaba hacer el esfuerzo de convencer a la comunidad politécnica? Pero lo más elemental: ¿a quién se le pudo ocurrir hacer estos cambios la víspera de las elecciones federales de 2015?