15 de Octubre de 2018

Opinión

Un poco de esperanza

EPN envió al Congreso una iniciativa de reformas a la Constitución para establecer el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo, seguridad social y adopción.

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El presidente Peña envió al Congreso una iniciativa de reformas a la Constitución y al Código Civil Federal para establecer el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo y otros que le son consecuentes en materia de seguridad social y, de forma muy relevante, de adopción. Estas reformas tendrán que ser aprobadas por las dos terceras partes de cada una de las cámaras federales y, posteriormente, por mayoría simple de votos, en al menos diecisiete legislaturas locales. Los alcances reales de esta iniciativa encuentran así dos grandes límites: por un lado, el riesgo de no ser aprobadas y, por el otro, los impuestos por una realidad social de discriminación en las leyes y más allá.

Si bien el PAN, único opositor programático a la reforma, carece de la posibilidad numérica de bloquear su aprobación, pues en ninguna de las dos cámaras cuenta con más de la tercera parte de los legisladores, también dispone de importantes aliados en este tema. No sólo existe una oposición social más o menos extendida, especialmente en relación con las adopciones, sino que ésta se expresa organizativamente de distintas formas, desde pequeños grupos conservadores hasta la Iglesia católica. Es de esperar que la iniciativa se enfrente a la oposición pública, activa y muy intensa de estos sectores, no pudiendo descartarse que logren congelarla.

Si la iniciativa se aprueba, los espacios institucionales directamente involucrados se abrirán a los nuevos derechos de manera inmediata. Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con otros espacios institucionales. El matrimonio entre una mujer y un hombre exclusivamente se consagró en muchas constituciones y leyes locales durante el sexenio de Calderón. De esta forma, ejercer los nuevos derechos podrá obligar a los afectados a recurrir al juicio de amparo, a fin de hacer prevalecer el mandato constitucional sobre las normas estatales, en muy diversos temas y con no pocas posibilidades de fracaso.

Pero lo más grave seguirá siendo el respaldo social a la discriminación. La convicción extendida de que la homosexualidad es una perversión que debe ser acotada y perseguida, aún con la violencia e independientemente de lo que dicten las leyes. Vencer estas creencias es un gran reto social de nuestro tiempo.

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