11 de Diciembre de 2017

Opinión

Poder sin mayoría

El PRI y el gobierno se satisfacen por su control mayoritario de la Cámara de Diputados.

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El proceso político que termina evidencia el más severo de los problemas estructurales del sistema electoral mexicano: la constitución inevitable de autoridades electas con minoría social. El tema pasa una vez más desatendido tanto por los actores políticos como por la sociedad en su conjunto.

Para los partidos, llenos de políticos y escasos de estadistas, el problema se reduce a la medición de logros en función de sus expectativas. El PRI y el gobierno se satisfacen por lo que al parecer será su control mayoritario de la Cámara de Diputados, el PAN por su recuperación en espacios perdidos tras la debacle del 2012, Morena disfruta haber reducido al PRD a menos de la mitad de su anterior votación, bien que podría no desplazarlo de su ahora pírrico tercer lugar electoral, el PVEM disfruta las mieles del poder prestado por el PRI, MC se acomoda a su nueva talla electoral, dos veces mayor que la anterior, PNA y PES respiran con satisfacción la conservación del registro electoral, el PT planea su retorno y los dirigentes del PH su siguiente escala política.

La ciudadanía, por su parte, festeja como propias y con candor escalofriante las victorias de ex militantes partidistas súbitamente convertidos en candidatos independientes. (En lo personal, y sin conocer nada más de él, yo no podría votar por alguien que se confiesa bravucón al hacerse llamar El Bronco. Rudeza es lo que menos falta le hace a la vida nacional).

Nadie parece darse cuenta de un hecho central: las elecciones producen sistemáticamente autoridades con minoría social. Que el gobierno considere un triunfo lograr, junto con sus aliados, mayoría legislativa o casi es un error cercano a la irresponsabilidad.

Esa frágil mayoría se logra con algo menos del 30 % de los votos, es decir, ni siquiera tres de cada diez electores votaron por el partido gobernante. Las instituciones integradas a partir de ese resultado cargan con la debilidad inherente de funcionar, desde su primer día, con la oposición expresa de cerca de dos terceras partes de la ciudadanía.

Es el momento de enfrentar el gran pendiente de la transición democrática: desechar el sistema electoral vigente, hecho para gobernar desde un solo partido hegemónico, y a ojos vista disfuncional para la pluralidad política contemporánea.

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