El dato espanta: de 224 candidatas y candidatos a uno de los cargos de elección popular en Quintana Roo, muy pocos han cumplido con la denominada “Ley 3 de 3”, una de las propuestas con más adeptos y que actualmente se encuentra en el Senado como parte de las Leyes Anticorrupción.
 
Espanta –así, literal–, porque la iniciativa busca reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso de servidores públicos y políticos, quienes deben anteponer los intereses de la nación a los suyos. Y evidentemente no lo están haciendo.

Hasta este martes 26 por la tarde, los candidatos a gobernador Mauricio Góngora Escalante (PRI-Verde-Panal) y Carlos Joaquín González (PAN-PRD) eran los únicos dos –de cinco en competencia– que figuraban en la página “3x3.mx” con las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses en exhibición. 

Respecto a las 11 presidencias municipales, han cumplido la priista Georgina Ruiz Chávez y la panista Perla Tun Pech, en Cozumel; la tricolor Arlet Mólgora Glover y el blanquiazul Luis Torres Llanes, en Othón P. Blanco, así como el solaztequista Jorge Portillo Manica, en Tulum. 

La peor de las noticias: para diputados sólo la habían presentado los opositores Javier Vite Orozco, Julián Aguilar Estrada (ambos por Benito Juárez) y Orlando Muñoz Gómez (por Tulum). La peor, digo, porque los legisladores están entre los servidores públicos con peor reputación y poco o nada hacen para revertir la mala imagen. 

El primer paquete de las Leyes Anticorrupción permanece atorado en el Senado por falta de consensos. Aun así hay voces que aseguran podría ser hoy cuando se aprueben las siete primeras, entre las que está “3 de 3”. ¿Qué pasa? Es que PRD y PAN acusan al PRI y PVEM de oponerse a su aprobación porque no les conviene a sus representantes en un proceso electoral.

En tanto, los portavoces del Revolucionario Institucional rechazan los argumentos aduciendo que las acusaciones son “falsas e incorrectas”, aunque las organizaciones civiles (promotoras del proyecto) no quieren más “estrategias dilatorias” y urgen a los aludidos.

Lo cierto es que es una verdadera revolución en términos de estado de derecho, rendición de cuentas y transparencia, pues implica modificaciones en 22 leyes, cambios radicales en procedimientos institucionales, desaparecerían instancias, otras ampliarían sus facultades, nacerían organismos especializados, aplicarían auditorias en tiempo real, así como más responsabilidades, recompensas, sanciones y fiscalización. 

En definitiva, lo anterior representa un andamiaje completo y sistémico para combatir uno de los peores males, que motiva otros como la impunidad o el influyentismo, por ejemplo. Con todo y sus virtudes, es posible que esta generación no vea los resultados, ya que es fundamental la participación de todos los actores de la sociedad, los acuerdos casi absolutos de los partidos y la desaparición de vicios o malos hábitos arraigados en el servicio público.

Desorbitado

Los auténticos impulsores pretenden que no se aplace la discusión legislativa y se apruebe la mayor cantidad de leyes posibles al respecto. Las pendientes, proponen en el peor de los casos, que se retomen en periodos extraordinarios o más adelante (próximo año o próxima administración federal). En la televisión lamentan que los ciudadanos no estén enterados de los pormenores ni participen quienes sí lo están y pueden hacerlo.

Mientras tanto, convendría apurar a los aspirantes locales para evitar sorpresas desagradables en el corto plazo. Juegan con los tiempos y los intereses de una mayoría. No se vale. @msalinas21