20 de Septiembre de 2018

Opinión

Pónganse de acuerdo

Pero el complejísimo escenario social y político del país requiere soluciones igual de complejas y que nunca podrán generar unanimidad.

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La alternancia en el poder no ha reducido el descontento que muchas personas expresan en contra de “el gobierno”.

Existe la creencia de que las condiciones de vida de la población están determinadas por la calidad del gobernante. Ésta es alimentada por las distintas fuerzas políticas, especialmente en tiempos de campaña. Y aunque esto es cada vez menos sostenible frente a la imponencia de la realidad económica global, se ha convertido en premisa general de los comentaristas políticos.

Por otra parte, en los tiempos de la pluralidad, la multiplicidad de propuestas contrasta con las viejas unanimidades en torno a la opinión del presidente. Éstas eran tan ineficaces para solucionar los problemas nacionales -recordemos el saqueo en tiempos de López Portillo, la hiperinflación de De la Madrid o las privatizaciones de Salinas- como efectivas para generar grandes consensos, al no existir un debate social profundo.

Pero el complejísimo escenario social y político del país requiere soluciones igual de complejas -cuyo entendimiento exige atención, reflexiones y madurez adultas- y que nunca podrán generar unanimidad, pues afectan a distintos sectores sociales de manera diferenciada.

Estas dificultades suelen ser ignoradas y sustituidas por una frívola consigna que evita la pesadumbre de pensar -¡que se pongan de acuerdo!- y que recuerda a Abelardo (el de Plaza Sésamo) diciendo “co-o-per-ar, amiguitos”.

Trivializar de esta forma las diferencias sociales que se procesan en la diversidad política, especialmente en las cámaras, genera un profundo daño a la democracia. En ésta, las diferencias no se ignoran como si no existieran, sino que se debaten ampliamente y, en última instancia, se resuelven por decisión mayoritaria.

Porque cargar con más impuestos el consumo básico, pasar a manos privadas las utilidades de Pemex, o precarizar las condiciones del trabajo, ni son reformas estructurales, ni las necesita el país ni, por sobre todas las cosas, gozan del consenso social necesario para convertirse en leyes aceptables.

De los diputados y senadores por los que yo he votado espero que, cumpliendo con sus compromisos de campaña, se opongan a estos despropósitos.

Su obligación es no aceptar esas medidas. No ponerse de acuerdo es su deber.

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