Una definición de credibilidad es: la confianza, seguridad, bienestar y utilidad que nos refleja algo o alguien para seguirlo y tenerlo presente. Y según Laurence Cornu-Bernot, doctora en filosofía: “La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro”. Es precisamente la ausencia de credibilidad y de confianza lo que percibe en el gobierno federal cierto sector de la población, particularmente en lo que atañe a tareas de seguridad y combate a la corrupción.

La desconfianza no es gratuita, se le ha abonado con varios hechos ya conocidos. El presidente admite que hay crisis de credibilidad en su gobierno por hechos como tráfico de influencias, cohecho y extorsiones, por lo que debe emprender acciones concretas en procuración de justicia, derechos humanos y, sobre todo, combate a la corrupción.

Porque, ¿cómo no desconfiar de la versión oficial del enfrentamiento ocurrido en el rancho El Sol, en Michoacán, si se confirmó que hubo extralimitaciones de parte del Ejército en Tlatlaya, Estado de México? ¿Cómo creer que se va ganando la lucha contra el crimen organizado y se han reducido los índices de delitos si todos los días los medios informan de enfrentamientos, secuestros y crímenes violentos? ¿Cómo confiar en que habrá elecciones tranquilas si han sido asesinados varios políticos en esta época de campañas, y en lugares como Guerrero hay una gran inestabilidad? ¿Y cómo confiar en la transparencia y rendición de cuentas si cotidianamente la prensa exhibe corruptelas y excesos de servidores públicos? 

Al firmar el pasado miércoles la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, Peña Nieto dijo que se trataba de “una reforma contra la impunidad” y un cambio de paradigma a favor de la legalidad. 

Bien, pero ahora se requiere voluntad política para aterrizar esas reformas, empezando por acabar con el conflicto de intereses, de otra manera seguiremos entre dudas y desconfianza en las instituciones, lo que no es sano para gobernantes ni para gobernados.