Preguntas para los que preguntan

¿Los nombres y grados de militares, y la identidad de fiscales y jueces les resultan indispensables para coadyuvar a la justicia, o simplemente estamos ante un exhibicionismo obsceno que pretende zaherir al Ejército?

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La “Pregunta Parlamentaria” del PRD para que el Presidente de la República, comandante supremo de las fuerzas armadas, revele nombres y grados de los  militares implicados en el caso Tlatlaya, e informe qué autoridades intervienen en los procesos contra los presuntos responsables de asesinar a quienes se hallaban rendidos, da lugar a varias preguntas obligadas:

¿Será útil, para algún fin lícito y que corresponda a su desempeño de senadores, conocer y que conozca la sociedad nombres y grados de quienes participaron o participan en el asunto de mérito?

¿Los nombres y grados de militares, y la identidad de fiscales y jueces les resultan indispensables para coadyuvar a la justicia, o simplemente estamos ante un exhibicionismo obsceno que pretende zaherir al Ejército?

¿Estarán conscientes de lo que puede sobrevenir —como consecuencia de las respuestas—, como poner en grave riesgo de venganzas a los militares delatados y a sus familias?

¿Y por cientos de policías, soldados y marinos torturados y asesinados no hay preguntas ni derechos humanos?

Los reclamos que hemos hecho —y debemos mantener— para que se investigue a fondo lo sucedido, y se castigue severamente cualquier acto execrable que haya tenido lugar en Tlatlaya, no debe ser pretexto para dar paso a interrogatorios de un poder a otro que faciliten o conduzcan a nuevos actos de barbarie, como lo es el linchamiento; y peor si éste puede alcanzar a seres inocentes.

La vida e integridad de todo ser humano, incluidos los delincuentes más torvos, deben ser protegidas inexcusablemente por el Estado.

En efecto, al Ejecutivo y demás autoridades les está prohibido, por ley, divulgar datos contenidos en averiguaciones y procedimientos criminales que puedan obstaculizar la justicia o poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Con mayor razón cuando  se trata de responder a preguntas impertinentes, ociosas, con manifiesta  morbosidad y evidentemente peligrosas.

Los artículos, 16, 165 y 193 Quintus del Código Federal de Procedimientos Penales protegen la información CONFIDENCIAL relativa a los datos personales de todo imputado. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental también tutela ese bien jurídico, y la excepción para casos de  violaciones graves de derechos fundamentales y delitos de lesa humanidad (art. 14, último párrafo) se refiere a “información RESERVADA” que no sea “información CONFIDENCIAL relativa a los datos personales del inculpado” (art.19). Existe, pues, una clara diferencia.

Las preguntas hechas al Ejecutivo definen, por sí mismas, el talante y la irresponsabilidad de quienes las formulan. Ojalá que el Presidente tome en cuenta que, en todo caso, no debieron formulárselas a él; que son contrarias a la ley; que a nadie benefician, y que agravian a las fuerzas armadas y a México.

Que no haya impunidad en Tlatlaya, pero si en el Senado, en verdad, “LA PATRIA ES PRIMERO”, sus integrantes no deben propiciar la sinrazón, la violencia ni el odio.

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