Reconocer el trabajo bien hecho es una práctica loable, pero premiar por el trabajo que se supone se debe cumplir deja un sabor extraño en la boca, un tono de confusión; esa es la sensación que provoca la aplicación del “Fondo de aportaciones para la infraestructura social” destinada a las alcaldías  para concretar obras de infraestructura básica y que establece que los proyectos sean orientados a combatir la pobreza y si lo logran los “premiarán” con un bono del 20 por ciento del monto ya asignado.

Esta nueva regla del juego surge a partir de detectar que Ayuntamientos recibían los presupuestos y los utilizaban en obras superfluas, poco funcionales y hasta inútiles que nada aportaban al desarrollo de su comunidad y mucho menos ayudaban a contrarrestar la pobreza. 

Existen casos  de alcaldes “visionarios” que gastaban millones de pesos en construir los arcos de las entradas de sus municipios antes de invertir mejor en acondicionar un centro de salud. ¡Increíble, pero cierto!

El ejemplo anterior es sólo un botón de muestra de la falta de sensibilidad de varios gobiernos municipales y sus líderes que “optimizan” el presupuesto para que el beneficio también sea propio, dejando a un lado las necesidades de los ciudadanos. 

En este contexto la federación presentó esta nueva modalidad para aplicar el citado fondo, con el objetivo de incentivar la realización de proyectos para disminuir la marginación y lograr una inclusión social. La tarea es enorme.

Las intenciones del proyecto son positivas y el impacto significaría un cambio en la vida de muchas personas, ahora falta observar con lupa cómo los ayuntamientos van a trabajar los montos asignados para saber si son merecedores del esperado bono, que reconoce la labor fundamental deberían hacer sin esperar que los premien.

En Yucatán los 106 municipios recibirán este año poco más de mil 365 millones para este fin, hay mucho dinero en juego y mucha gente que requiere que se traduzca en verdadero bienestar.