Por increíble que parezca, la masacre de Iguala es sólo la punta del iceberg del grave problema de violencia que viven el estado de Guerrero y otras zonas del país. Lo es a tal grado que, buscando los cuerpos de los desaparecidos, se han localizado más de media docena de fosas clandestinas, en la primera de las cuales los restos mortales no correspondían a los estudiantes. Los asesinados son, en realidad, muchos más que los normalistas secuestrados.

Pero el problema de fondo es el de la permeabilidad de la estructura del poder político a la delincuencia organizada.

El gran instrumento del narcotráfico ilegal es su enorme capacidad económica, resultante, fundamentalmente, de los elevados precios que los estupefacientes alcanzan en el mercado norteamericano. Por su parte, nuestro sistema electoral considera, legalmente, que el uso de dinero de procedencia ilícita no tiene por qué resultar siempre en la anulación de las elecciones en que éste se use.

Tal cosa sólo puede ocurrir, entre otras condiciones, en elecciones cerradas, es decir, en aquéllas en que la diferencia de votos entre el ganador y el segundo lugar sea de un 5% o menos. Si no existe una diferencia corta se supone, de acuerdo con la ley que se aplicará por primera vez en la elección federal de 2015, que el impacto del dinero ilícito no fue determinante en el resultado de la elección y esta será válida.

Así las cosas, en la práctica, la ley no disuade del uso del dinero ilícito sino que condiciona dicho uso a que su papel sea realmente efectivo. Quien use ese tipo de fondos deberá procurar que sean lo suficientemente vastos para superar a su adversario en los comicios con más de ese 5%.

Por otra parte, la ley exige que la existencia de recursos ilegales se pruebe totalmente, no admitiendo indicios como el acarreo masivo, o el reparto de regalos a los participantes en mítines, que se pagan en efectivo, y que por tanto no dejan evidencia documental para probarlos.

La ley no obliga a nadie a investigar este tipo de gasto, ni faculta a los órganos electorales a contabilizarlo dentro del gasto de los partidos.

Las elecciones son pues campo abierto para la intervención de todo tipo de mafias. Para la de 2015, el ejemplo del alcalde de Iguala es una primera llamada tanto para la clase política como para la sociedad civil.