23 de Abril de 2018

Opinión

Prisión preventiva, del uso al abuso

Sólo para vestir y alimentar a las personas que están en prisión sin condena, los tres niveles de gobierno destinan en todo el país 13 millones de pesos diariamente.

Compartir en Facebook Prisión preventiva, del uso al abusoCompartir en Twiiter Prisión preventiva, del uso al abuso

En el sistema penal que prevaleció en México durante más de un siglo, la prisión preventiva se convirtió en una regla.
Generaciones enteras crecieron y heredaron la idea de que “hacer justicia” equivalía a enviar a las personas a prisión desde que eran detenidas, lo que sostuvo, en los hechos, la idea popular de que una persona detenida era automáticamente culpable y de que la medida que debía recibir, mientras su caso era resuelto en los juzgados, era la prisión, sea cual fuere el delito o las circunstancias en que éste se hubiere realizado. Es decir, se pasó de un uso a un abuso de esta medida. 

Como resultado, el aumento en el número de “presos sin condena” en México, y en toda América Latina, se convirtió, desde hace varias décadas, en un problema creciente, inclusive con personas que después eran liberadas por haber sido declaradas inocentes. 

En México, hasta enero de 2013, 41.3 por ciento de los internos no contaba con una sentencia condenatoria y en lugares como Baja California Sur, Durango, Oaxaca y Quintana Roo, más de 60 por ciento de los internos por delitos de competencia local y federal no habían recibido una sentencia.

Open Society Foundations, un organismo internacional creado para impulsar iniciativas para la mejora de los sistemas de justicia, señala que “el uso arbitrario y excesivo de la prisión preventiva es un patrón masiva y ampliamente ignorado de abusos que afecta, en una conservadora estimación, a 15 millones de personas al año”.

Guillermo Zepeda Lecuona explica que el abuso de la prisión preventiva tiene un alto costo económico. Sólo para vestir y alimentar a las personas que están en prisión sin condena, los tres niveles de gobierno destinan en todo el país 13 millones de pesos diariamente, pero, al considerarse las pérdidas de salud y trabajo, se calcula que estos reclusos y sus familias dejan de percibir más de 1,331 millones de pesos anuales.

Actualmente, las leyes contemplan catorce posibles medidas cautelares, cuyo objeto es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo y evitar la obstaculización del procedimiento. Y, al menos para el caso de Yucatán, las cifras demuestran que, con medidas diversas a la prisión preventiva, casi el 100% de las personas bajo proceso regresan a las audiencias, hasta concluir sus sentencias, si bien para los delitos de alto impacto la prisión preventiva sigue siendo “oficiosa”.

LO MÁS LEÍDO

LO MÁS COMENTADO

NOTAS RELACIONADAS

Comentarios

Responder a  Name   
Comentarios
Responder a  Name   
Responder a  Name   
DE:(TUS DATOS)
Nombre
E-mail
ENVIAR A:(DESTINATARIO)
Nombre
E-mail
Comentarios