Aun cuando en Quintana Roo el proceso electoral avanza sin graves contratiempos comparado con lo ocurrido en otros Estados, la mayoría de los supervisores y capacitadores del Instituto Nacional Electoral (INE) no la pasó bien durante la primera etapa de notificación, dirigida a quienes deben fungir como funcionarios de casilla el próximo 7 de junio, fecha de la jornada electoral. 

Dos representantes del INE -uno en Cancún y otro en Playa del Carmen- reconocieron en terreno “una misión imposible” de cumplir pues a muchos sorteados no se les ubica fácilmente en su domicilio debido a extensas jornadas laborales; algunos de sus compañeros pierden días tratando de localizar una dirección por la nomenclatura caótica en el caso de Cancún; otros argumentan infinidad de pretextos insólitos para incumplir la obligación, y no pocos confiesan un desinterés creciente por participar en todo lo relacionado con “la política”. Se entiende, dado el contexto generalizado de “guerra sucia”, incumplimiento, multas por violar las disposiciones y corrupción.

Dos de esas excusas son conocidas, aunque se agravan. La primera, denominada “movilidad social”, ha sido una constante en Cancún y la Riviera Maya, destinos considerados “de paso” por miles de ciudadanos que colocan aquí sus esperanzas. Casi cada fin de semana, “puente” o periodo vacacional viajan a sus lugares de origen.

A la segunda le llaman sutilmente “desinterés” con la política o “desencanto” en contra de partidos y candidatos, lo cual se refleja en el porcentaje elevado de abstencionismo, voto nulo o voto blanco, motivados por grupos con influencia pujante e incluso prestigio. No tienen el peso de antaño los regalos, las campañas ingeniosas, la avalancha de comerciales en medios de comunicación ni las encuestas, las cuales ya no se utilizan por ley como propaganda. 

Ahora bien, si la primera fase entre el 10 de febrero y el 31 de marzo fue una odisea por las causas antes expuestas, se pronostica lo mismo para la segunda, iniciada el 8 de abril con la otra insaculación de quienes también deberán ser capacitados, hasta el 6 de junio, con lo cual se conforma la lista definitiva de los participantes. 

En total, intentarán convencer a 12 mil 992 que se necesitan (considerando cuatro propietarios y tres suplentes), quienes integrarán las mil 856 casillas que los consejos distritales aprobaron instalar en los tres distritos federales. De esos 12 mil 992, solo 7 mil 424 deberán estar en la mesa el día de los comicios. Todos insaculados de la lista nominal, de un millón 30 mil quintanarroenses.

En fin, si se reconfirma esa “misión imposible” calificada por los capacitadores del INE, se comprueba además otra causa, a veces no reconocida: la falta de civismo en un territorio integrado por habitantes sin arraigo ni pertenencia, que en ocasiones evidencian su apatía por elegir gobernantes y su indolencia por las malas acciones de estos.

Ese panorama sería peor si prevalecieran como en otras entidades dos factores de riesgo: la inseguridad y una desalentadora situación económica. Afortunadamente, las condiciones actuales en Quintana Roo no ameritan que el árbitro comicial y los partidos pidan la participación de Gobernación o las Policías para evitar hechos que alteren la dinámica. Todos los candidatos, de la mayoría de los partidos, desarrollan sus actividades en un clima de paz, opuesto a lo que viven en Guerrero, Morelos o el norte de la república. Aun así, la vigilancia no debe relajarse.

En tanto, si el gasto es desmedido habría una desconexión entre ingresos y egresos, lo que implicaría la revisión de calificaciones crediticias, tan valoradas en el Estado por aquello de la inversión, la generación de empleos y el crecimiento económico. Esto último adquiere relevancia debido al recorte presupuestal federal y la lenta entrega de participaciones.

Entendido esto, los servidores públicos de los tres niveles deben manejar con inteligencia los recursos de todo tipo, más aquellos que pertenecen al partido en el poder.

Vienen momentos de “incertidumbre política”, que podría ser económica y social si no se ponderan estas causas y estos factores de riesgo. Son asuntos que no pueden permitir las autoridades ni los organizadores si desean concluir con éxito aceptable su encomienda.