Las contingencias y desastres naturales siempre muestran dos rostros: el de la solidaridad de la población con las víctimas, y el de la ineficiencia de las autoridades civiles para actuar en tiempo y forma en las zonas afectadas.

Desde 1966 en que nació el Plan DN-III-E de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, el Ejército ha demostrado que es la única institución (junto con la Armada) capaz de proporcionar apoyo expedito con personal y equipo especializado.

La Armada de México, con su Plan Marina, ha consolidado este binomio en los litorales bajo su jurisdicción. Ejército y Marina tienen la capacidad de realizar evacuación de personas, instalar y operar refugios, brindar atención médica, restablecer las comunicaciones y efectuar labores de vigilancia para evitar saqueos y pillaje. 

Mientras las autoridades civiles realizan reuniones informativas, hacen sobrevuelos y se toman la foto entregando ayuda, los soldados y marinos protegen los bienes de los afectados y reparten alimentos incluso en áreas de difícil acceso, en ocasiones a costa de sus vidas.

Para cumplir con esta misión, se movilizan buques y unidades terrestres hacia las áreas críticas; a las tropas les suspenden vacaciones y licencias y se restringen las franquicias. ¿Alguien se pregunta en esos momentos cómo la están pasando los familiares de los militares, que también son susceptibles de ser afectados?

En este contexto, varios medios apuntan que las autoridades civiles han sido rebasadas por los desastres ocasionado por los huracanes Ingrid y Manuel, particularmente en Guerrero, donde miles de personas literalmente perdieron todo.

Ya hemos comentado sobre la conveniencia de que el Sistema Nacional de Protección Civil sea operado por las Fuerzas Armadas, cuyos planes tienen tres fases: prevención, auxilio y recuperación. Es evidente que los civiles son rebasados ante estas circunstancias porque operan desde un escritorio, los militares, en el teatro de operaciones.