Si bien con diversos grados de acuerdo y con críticas de buena fe, las medidas propuestas por el presidente de la República, con el fin de hacer frente a las situaciones de violencia como la de Iguala y estar en posibilidad de evitar su repetición, han tenido en términos generales una buena acogida, bajo la perspectiva que se trata de una propuesta abierta que  debe ser enriquecida, discutida y aprobada con la participación de todos los partidos políticos.

Debe constituir la puesta al día de nuestro sistema de seguridad, procuración de justicia y policiaco que, lo mismo que las Reformas Estructurales, ha sido por décadas discutida sin llegar a un buen consenso que ataque los problemas de fondo.

Se trata de medidas que se han ido posponiendo a la sombra de los temores de un gobierno represivo y autoritario, generados desde hace 7 lustros, con las demandas de una izquierda que se opone a un Estado tipo Big Brother  y de una derecha que, dado que sus primeros triunfos fueron a nivel municipal, ha insistido intransigentemente en la soberanía municipal, lo que ha generado una situación en la que, en el mejor de los casos, no están claras las competencias de las diferentes policías o, peor, están coludidas con el crimen organizado.

Por supuesto que no son propuestas y medidas novedosas; no se trata de inventar el hilo negro, sí  de rescatar aquellas que han sido consideradas indispensables para arrebatarle el poder de fuego y en su caso el control de las fuerzas policiacas al crimen organizado, cuyo hilo más delgado es el municipal. Propuestas como la de las 32 policías estatales con mando único que injustificadamente se ha ido aplazando; la aceptación de la injerencia de la Policía Federal cuando así se requiera, así como hacer realidad la Cédula Única de Identificación, para dificultar que los miembros del crimen puedan seguir pasando por ciudadanos honestos.

Construir asimismo herramientas legales para hacer más transparente la administración de los recursos públicos y para combatir la corrupción de las esferas gubernamentales, en los 3 niveles de gobierno, estableciendo, por ejemplo, procedimientos que garanticen la limpieza e imparcialidad en las licitaciones públicas.

Sin embargo, lo que a mi juicio representaría la modificación más importante sería estimular la participación ciudadana en la denuncia anónima del crimen, mediante el establecimiento de un número telefónico para ello, tipo 911 como sucede internacionalmente o si lo prefiere 066 como el de Yucatán. Pero el teléfono solo no funciona, detrás debe estar la colaboración de la gente.

Porque la clave principal para que Yucatán sea el Estado más seguro de la República, más que la inversión en el equipamiento y la capacitación de nuestras fuerzas policiacas, así lo ha declarado Rolando Zapata, es, sin duda, la denuncia ciudadana.