18 de Septiembre de 2018

Opinión

¿Qué oculta la SEDE? (Parte II)

La negativa de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), bajo el mando de la empresaria chetumaleña Rosa Elena Lozano Vázquez, a entregar los datos de su nómina...

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La negativa de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), bajo el mando de la empresaria chetumaleña Rosa Elena Lozano Vázquez, a entregar los datos de su nómina actual que se solicitaron a través de su unidad de “Transparencia”, contrastó con  las otras dependencias gubernamentales a las que se solicitó la misma información, quienes sí entregaron la información en tiempo y forma, sin excusarse con pretextos legaloides absurdos.

El encargado de dar respuesta a la solicitud de información en la SEDE fue el jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría, Juan Antonio Alcocer Basto, quien bateó sin dificultad al ciudadano solicitante con los siguientes argumentos:

“La información que usted requiere se relaciona con datos que presuntamente maneja la Oficialía Mayor del Estado de Quintana Roo; ya que en su Reglamento interior se señala:

Artículo 10.- Corresponde a el/la Oficial Mayor el ejercicio de las siguientes facultades no delegables:

XV.- Otorgar previo acuerdo con el Ejecutivo del Estado las remuneraciones, estímulos y recompensas a los servidores públicos de las Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados;

XVII.- Emitir los tabuladores de sueldos de los servidores públicos de las Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados, así como autorizar las percepciones de los puestos estableciendo la procedencia y monto de los estímulos a la productividad, eficiencia y la calidad de los trabajadores….

XIX.- Emitir y autorizar el proceso de cálculo de nómina, pago de sueldos, percepciones en general y prestaciones… de las Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados”

Esgrimiendo estos artículos el jurídico de la SEDE se sacudió la responsabilidad de transparencia de la dependencia y la depositó en la Oficialía Mayor, a la que ya se solicitó la misma información.

Hasta el momento solo la SEDE se ha negado a responder, hecho que evidencia una proclividad a mantener las cosas en lo oscurito y a dificultar el acceso ciudadano a su información por medio de estrategias de agotamiento.

Esto es inaceptable para una Secretaría que debe ser una extensión de la transparencia del Poder Ejecutivo, donde el gobernador ha realizado esfuerzos claros para fortalecer el acceso a la información pública, mensaje que muchos de sus colaboradores han captado, pero que a Rosa Elena Lozano Vázquez no le ha quedado muy claro.

La funcionaria, que ha sido protagonista de varios escándalos que van desde incidentes de acoso laboral hasta posibles conflictos de interés, debe tener claro que los ciudadanos tenemos el derecho legal a conocer lo que está sucediendo en las dependencias y en que se están gastando nuestros impuestos, por lo que debe evitar este tipo de prácticas opacas que juegan en contra de la imagen gubernamental.

CJ poner el dedo en la llaga

Fiel a su estilo de presentar la realidad sin maquillaje, el gobernador Carlos Joaquín González reconoció la crítica situación de la procuración de justicia en Quintana Roo, afirmando que “somos el estado con el índice más bajo” en este rubro a nivel nacional.

El diagnóstico del mandatario está basado en datos inobjetables, como el hecho de que en nuestra entidad solo se resuelven alrededor del dos por ciento de las denuncias presentadas ante la Fiscalía (antes Procuraduría), porcentaje que se ha mantenido casi inmóvil a lo largo de una década.

Para intentar remediar esta situación, se firmó el pasado miércoles el Acuerdo de Adhesión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal entre los tres poderes del gobierno estatal y el Fiscal General, Miguel Ángel Pech Cen, quien junto con el aún presidente del Tribunal Superior, Fidel Villanueva Rivero, tendrán la enorme responsabilidad de eficientar la maquinaria de procuración de justicia.

La estrategia gubernamental fue recibida con buenos ojos por la comunidad legal y la ciudadanía, que esperan que este acuerdo impulsado por el gobernador genere una mejora en el sistema de justicia y mayor confianza a los quintanarroenses.

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