La seguridad pública es un deber inexcusable de los gobernantes y no un don que estos puedan dispensar graciosamente no son hechos aislados sino un problema más serio de lo que piensan.

La Seguridad Pública es un reclamo legítimo de los habitantes en el estado de Quintana roo, pero la respuesta de los que hoy gobiernan no en todos los casos está a la altura de sus responsabilidades.  Algunos gobernantes, frente a su obligación de proporcionar Seguridad Pública suelen pretender que se trata de una facultad discrecional. 

Pero esa pretensión está equivocada, por el contrario, la Seguridad Pública es un Derecho Humano irrenunciable de los gobernados para exigir del Gobierno, como parte del Estado, la mayor protección a su integridad física y a su patrimonio, sin menoscabo de la paz social y el pleno respeto para sus libertades y derechos sino son capaces de garantizar esta seguridad lo más exigible es que renuncien a esta encomienda y hablo de los tres niveles de gobierno.

La Seguridad Pública es una obligación ineludible del Gobierno no la pueden ejercer los particulares.

El uso de la violencia legítima, el jus puniendi, quedo en manos de la autoridad y no la están ejerciendo en contra de los actos delictivos de los últimos días.

El Derecho Humano a la Seguridad Pública se traduce en la facultad que tienen los gobernados de exigir al gobernante que les garantice vivir dentro de un clima de paz y seguridad que les permita desarrollar una vida tranquila y productiva lo cual evidentemente no está sucediendo en Quintana Roo. 

Es obligación que todos los gobernante impulsen acciones y programas para proporcionar Seguridad Publica, Bajo ninguna excusa puede resultar aceptable que sus actos de gobierno deriven en los opuestos, como son mayor violencia e inseguridad, y menos de forma permanente, ningún crimen debe quedar impune.

En el marco de un Estado de Derecho Democrático, todo acto delictivo debe ser debidamente investigado y castigado, los gobernantes son responsables directos de seleccionar a los responsables de la Seguridad Publica sobre criterios de honestidad y capacidad profesional, nunca de amiguismo o de incondicionalidad, y que responda por los resultados de aquellos removiéndolos sin demora a quienes resulten ser deshonestos o ineficaces, los gobernantes tienen que reencauzar las acciones en materia de Seguridad Publica, a combatir las verdaderas causas primarias de la inseguridad: la impunidad y corrupción, el desempleo, la falta de oportunidades educativas, el lavado de dinero, la falta de coordinación. El problema de la inseguridad no es un asunto exclusivamente policiaco, como algunos pretenden hacerlo creer.   

Paradójicamente, hay funcionarios nuevos que cierran las puertas a los ciudadanos para el ejercicio institucional de sus derechos, se molestan cuando se les cuestiona.

Una cualidad fundamental del Derecho Humano a la Seguridad Publica es la viabilidad de ser exigido a través de la Autoridad Judicial, con la posibilidad de obtener una sentencia que obligue a la autoridad a respetarlo.   Esto se puede obtener, mediante una sentencia en el Juicio de Amparo que obligue a los gobernantes a rectificar políticas lesivas que lesionan este Derecho Humano.