La gente de Playa del Carmen está reclamando por la erosión de los arenales y la ocupación de las playas públicas. Algo similar ocurre en Akumal, Tulum, con la intentona por privatizar los espacios colindantes al mar. Se han organizado para rebelarse contra los mezquinos intereses empresariales, la pasividad de las autoridades de todos los niveles y la apatía de muchos habitantes.

Un grupo de ciudadanos acusa que algunas playas de Solidaridad están en malas condiciones porque cada vez son más estrechas, aunado al sargazo, que no ha dejado de provocar pérdidas a los prestadores de servicios náuticos, sobre todo a los de la zona conocida como El Recodo y de áreas adyacentes. 

Por estas fechas, en los arenales del centro de Playa Del Carmen –donde hace años lucía agua cristalina–, la presencia del sargazo ha dado una oscura tonalidad, aunque no turbia todavía. Pero el problema no es solo de coloración, sino que el alga atasca los motores, dañando los equipos de los prestadores de servicios, quienes además lidian con el fétido olor emanado de las algas, las moscas que éstas atraen y los accesos restringidos al sitio, pues de playa queda un reducido corredor, resultado de la degradación del suelo. 

Hace unos días la regidora Laura Beristain resumió el problema así: “El Recodo se consume cada vez más por la erosión y, aunque los prestadores de servicios náuticos han solicitado se evite la colocación de las costaleras, la indiferencia de los responsables los obliga a buscar la forma de trabajar en la playa más erosionada, con graves retos qué afrontar. Lo peor es que no escuchan razones”.

No es para menos, ya que en el contexto cabe lamentar que en 40 años, en la zona norte de Quintana Roo, disminuyó un 55% la superficie de manglar, uno de los elementos que evita el desgaste de la arena, y que, por el contrario, permite tanto la reproducción de especies como la protección de la flora más susceptible.

Acerca de la privatización, basta recordar que hace días unos 500 pobladores de Akumal acusaron que el Centro Ecológico de ese lugar está violando los derechos constitucionales al intentar prohibir un acceso al mar que ha pertenecido a la población por medio siglo, por lo cual reprochan a los servidores públicos el silencio cómplice ante lo considerado un “agandalle” de los poderosos.

En su condición de portavoz de causas ambientalistas, la misma concejal sostuvo: “Hoy Playa del Carmen está presente porque sabemos lo que significa el cierre de una ventana al mar. Ya basta de que nos arrebaten los pocos espacios que tenemos para convivir y que nos cobren en dólares para disfrutar nuestra riqueza natural”.

Las problemáticas en torno a dichos temas surgen en el foro para la elaboración del proyecto del Plan de Ordenamiento Ecológico Local del municipio, instancia ideal para exponerlas, analizarlas y ofrecer soluciones viables; sin embargo, aun cuando la oportunidad reviste una importancia especial, no asisten todos los regidores ni todos los expertos, prolongando la agonía de los trabajadores. 

Valga pues también este espacio para denunciar por enésima ocasión las actividades mineras de Calica, las cuales resultan incompatibles con la vocación turística de la Riviera Maya porque la empresa está causando daños ecológicos irreparables al incumplir las normatividades de la Semarnat y otros ordenamientos legales.

Todos, tanto ciudadanos como ambientalistas y autoridades encargadas de velar por la protección de la riqueza natural de la entidad, deben prevenir el deterioro de los recursos naturales antes de que sea demasiado tarde, incluso, para recuperarlos. 

Blindarlos desde ya contra la ambición y el daño directo sería un tremendo paso para quienes laboran y disfrutan en esa parte del litoral.