Conforme a las recetas del FMI (Fondo Monetario Internacional) y del BM (Banco Mundial), México está en el paraíso neoliberal; los promotores del recorte de gasto público, del aumento de impuestos (IVA generalizada) y del incremento en el precio de los bienes y servicios que otorga el Estado deben rebosar de alegría al constatar que en los primeros cuatro meses de este año el gasto público se ha reducido en un 7% y que el precio de la energía, regulada por el gobierno, ha mantenido una consistente tendencia al alza.

De tal manera que el precio de los combustibles en nuestro país es cerca del 20%, sí 20%, más alto que el que tiene la del Estado de Texas, Estados Unidos. Ello por no hablar del precio excesivo del gas licuado o LP que los industriales tienen que pagar para mantener funcionando su planta productiva, ni de las tarifas eléctricas para el consumo doméstico que constituyen realmente un atentado contra la economía popular y de las clases medias, que en muchos casos tienen que decidir entre  comer o pagar la luz.

Si a ello le agregamos el declive en la inversión privada, interna y externa, como en la industria de la construcción, que afecta, según especialistas, a 41 ramas industriales, y le adicionamos el incremento de la inflación anual esperada a cifras que por el momento arañan el 4%, tendremos que concluir que nuestro paraíso monetarista y neoliberal, a pesar de su “consistencia” teórica, no es otra cosa que la antesala de la recesión económica y de la crisis social que acarrea.

Y conste que no queremos menospreciar la influencia de las dificultades económicas externas por las que pasan nuestros principales socios comerciales, ni soslayar las inercias provocadas por el manejo incorrecto de la economía del régimen calderonista.

Pero lo malo es que los “ahorros presupuestales” no se han hecho de manera deliberada, en rubros previamente programados. Lo más grave es que estos resultados coinciden con un impecable desempeño político, con buena aceptación popular, del nuevo gobierno.

Lo que exige un drástico cambio en la política económica gubernamental, que no debe seguir recurriendo al viejo expediente del aumento de precios en los combustibles; que debe abandonar el caduco esquema de tarifas eléctricas, ajenos al nivel de salarios y de ingresos de la Zona Económica, que impone a Yucatán y las Bajas Californias los precios más altos.

Y, lo más importante, no se debe seguir postergando la inversión para producir energía, para la construcción de refinerías y de fuentes alternativas, limpias, para generar electricidad. Aprovechar por ejemplo las óptimas condiciones de exposición solar del Estado de Yucatán para producir electricidad más barata y amigable con el ambiente.