Independientemente de la opinión que cada quien pueda tener, un reemplacamiento es en primera instancia una medida recaudatoria (y como tal hay que verla). En Yucatán, cuando menos en 2017, la lógica del Gobierno del Estado, como incentivo para que más propietarios de automóvil se decidan a hacerlo, es acompañarla de una serie de condonaciones a tenencias, refrendos, multas y recargos.

Las medidas recaudatorias son un problema en cualquier sociedad; pues los intereses y preferencias del Estado y del contribuyente suelen estar contrapuestos; el primero quiere recaudar lo más posible y utilizar los recursos con la mayor discreción; los segundos quieren pagar lo menos posible y obtener los mayores beneficios. En este sentido el reemplacamiento ha sido presentado por el gobierno estatal como algo positivo para la seguridad y economía familiar; pero recibido por la ciudadanía con críticas que van desde la percepción de cobro excesivo, hasta el beneficio que se le otorga a los morosos vía condonación de deudas por incumplimientos pasados.

Si bien hay lógica en ambas posturas el reemplacamiento tiende a darle más ingresos al gobierno vía los que más tienen. Las personas que tienen automóvil (y hay quienes tienen varios) por lo general también tienen mejores ingresos que quienes forman el segmento más pobre del país. Ahora, si a este esquema le sumamos la condonación -de tenencia, refrendos, multas y recargos- como incentivo para que cada propietario de automóvil lo haga en tiempo y forma; se podrían estar generando las condiciones para robustecer las finanzas públicas.  Un correcto esquema recaudatorio también puede tener incidencia positiva; pues el estado se hace de recursos vía los que más tienen, lo cual debe traducirse en acciones de gobierno para apoyar a quienes menos tienen (vía programas sociales, becas educativas, servicios de salud, etc.).

Nos guste o no, es un hecho que quienes tenemos automóvil en Yucatán tendremos la obligación de cambiar nuestras placas; a cambio de esto le pedimos al gobierno una adecuada provisión de bienes y servicios públicos.