¿Quién dijo que en México las leyes no se negocian? Sólo bastó un plantón de los poderosos empresarios para que el presidente vetara la Ley de Responsabilidades Administrativas, impidiendo con ello que los grandes patrones sean regulados para inhibir la corrupción y transparentar sus operaciones, restituyéndoles con esto su estatus de intocables. Ahora con el reclamo de los diferentes sectores de la sociedad que piden acabar ya con el conflicto magisterial, senadores y diputados del PRD y Morena abanderan la causa de los maestros y preparan las iniciativas para modificar la reforma educativa y eliminar, lo que en un principio rechazó Elba Esther Gordillo, el condicionamiento de la permanencia a través de las evaluaciones.

Parece irónico que hoy las secretarías de Educación y de Gobernación acepten escuchar las demandas de la CNTE y recibir sus propuestas para modificar el actual modelo educativo impuesto hace tres años, como única manera de solucionar el lío magisterial. Por un lado, Miguel Ángel Osorio Chong cedió y olvidó su discurso de que la reforma educativa es inamovible y, desde su trinchera, busca contener el embate de la CNTE instalando una mesa de negociación con doce puntos que buscan replantear los procesos de la reforma para adecuarla al entorno y las características de cada región, pues la preparación profesional de los maestros y su práctica docente varían entre las zonas urbanas y las rurales.

En un acto de simulación institucional, el héroe de la película -el SNTE- resurge de su fría tumba para rescatar al desahuciado Aurelio Nuño Mayer con una receta “símil” de 12 puntos, pretendiendo hacer suyas las exigencias de la CNTE y robarse el show montado desde la Secretaría de Educación. Aunque ambas partes expresan en sus respectivos documentos la necesidad de garantizar la estabilidad y seguridad laboral de los maestros, también persiguen objetivos distintos. El SNTE, como se esperaba, navega con una posición más institucional y conciliadora con el gobierno, mientras la CNTE no quita el dedo de la llaga con la cancelación de las evaluaciones como instrumento de ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento, en fin echar para atrás la reforma educativa.

En tanto se encogen y estiran las posturas políticas con el gobierno, las movilizaciones continuarán como medida de presión y el Congreso deberá asumir su corresponsabilidad para reestructurar el modelo educativo sin dañar a los maestros.