Las reformas que el país necesita y que se están deliberando son de tal magnitud que el gobierno solo no podría darles solución sin estar directamente involucrada la sociedad; aunque los legisladores son en teoría representantes ciudadanos,  siempre han defendido los intereses del partido que los hizo candidatos y no los de los ciudadanos que los eligieron, que aunque parezca mentira casi nunca son los mismos.

Deberíamos  empezar por definir cuál de las reformas tiene prioridad, aunque todas son importantes, porque algunas podrían pasar como cortinas de humo para que otras sean aprobadas sin grandes cambios o lo que sería peor en perjuicio  de la sociedad, como fue el intento de transparentar todo el dinero de los impuestos de los cautivos contribuyentes y del petróleo que se gastan los gobernantes y sindicatos, que los legisladores sabotearon modificando todo para dejarlo igual, o sea sin transparencia. Por eso es importante encontrar una vía de participación activa y efectiva de la sociedad que haga contrapeso al enorme poder de los que se gastan el dinero público, pues nadie ha podido hacer que rindan cuentas. 

La reforma educativa se ha enfrascado tan solo en una cuestión laboral, sin que se proponga algo verdaderamente trasformador y el gobierno tiene gran parte de la responsabilidad, primero al politizar tanto la educación, colocando políticos en la Secretaría de Educación y no verdaderos académicos con perfil y experiencia  de la talla de Vasconcelos o Torres Bodet, que sí los hay en la actualidad, pero no son tomados en cuenta, y permitir que líderes magisteriales comercien con las plazas, creen partidos políticos rémoras y les den el control de otras dependencias, como sucedió en los dos últimos sexenios, aunque luego terminen en la cárcel. 

Si queremos verdaderamente  transformar al país, por la educación se debería comenzar, pues sólo una sociedad masivamente educada e informada puede reclamar sus derechos y cumplir con sus obligaciones, pero esto lleva tiempo, dinero y muchos valores de los que aún carecemos. 

La excelencia debería ser el principal objetivo y si se hacen concesiones el único resultado será la mediocridad en la que ya nos encontramos. El magisterio no es sólo una actividad laboral, sino una  verdadera vocación, y nadie que la tenga debería temerle a una evaluación, sobre todo cuando el puesto ha sido obtenido por la vía del mérito y la permanente actualización es garantía de vigencia y conservación de éste, pero como las escaleras se barren de arriba hacia abajo.  

Justo sería que los evaluadores fueran los primeros evaluados, comenzando por los que aprobaron esta iniciativa para que al término de sus “prolongados y sacrificados” periodos de sesiones a los que reprobaran,  revocación del cargo, pues sus salarios de 3 años son  muy superiores al de 30 años de los buenos maestros, que por suerte son muchos.