Los gobernadores de Guerrero y Oaxaca no dan muestras de tener una estrategia política que les permita enfrentar el conflicto magisterial que los tiene, dicho suavemente, apergollados.

No se les ve capacidad para distender y encauzar el conflicto hacia un terreno institucional que atempere la confrontación y siente las bases de una solución permanente y de fondo.

Su paso como legisladores en las diferentes cámaras los dejó en blanco respecto de las posibilidades y salidas políticas que permite el marco legal para lograr una solución legislativa.

En vez de jugar con remiendos locales tropicalizados (Gabino Cué dixit), muy probablemente contrarios a la Constitución federal, Ángel Aguirre debió impulsar una iniciativa que reglamentara la reforma educativa, haciendo valer la facultad de iniciativa que confiere el artículo 71 (fracción III) constitucional a las legislaturas estatales.

La discusión se trasladaría al Congreso de la Unión y éste tendría la obligación de dictaminarla.
Pero optaron por hacerle al Tío Lolo…