La reforma electoral federal podría traer consigo una ampliación de las posibilidades de contender en este terreno a través de candidaturas independientes. Se satisfarían así las demandas de distintos ciudadanos y grupos. El avance democrático logrado, por otra parte, sería ínfimo, y daría coartada a los principales partidos políticos en el esfuerzo por mantener los procesos electorales como su coto privado.

Las candidaturas independientes han probado ya su muy limitado alcance: dan espacio a políticos descontentos más que a ciudadanos sin partido, tienen muy pocas posibilidades de ganar, ninguna de dominar un escenario político, y jamás dan lugar a nuevas opciones electorales estables. Como consecuencia, el oligopolio partidista entiende poco a poco que no afectan sus intereses.

Panistas y perredistas se suman a la actitud histórica del PRI frente a las elecciones: los poderes públicos son demasiado importantes para que alguien los pueda alcanzar sólo porque tuvo suficientes votos. Los comicios son vistos con desconfianza, como un peligro para los intereses propios e incluso para los de la nación. Por tanto, el sistema electoral debe mantenerse cerrado a la población. Y esto se logra impidiendo que los ciudadanos puedan formar exitosamente nuevos partidos, capaces de crecer y disputar el poder a los actuales.

Es muy lógico que antiguos autoritarios y nuevos ex demócratas se hayan puesto fácticamente de acuerdo en mantener la monumental reliquia antidemocrática del registro electoral. Si en la inmensa mayoría de los países de América y Europa cualquiera puede participar en elecciones o formar un partido sin más trámite, en México sólo se puede hacer obteniendo permiso del Estado, para lo cual se exigen requisitos casi imposibles para quien no participe de los mecanismos corporativos patentados por el PRI y utilizados con pasión por todos los partidos.

El principal de ellos es reunir a miles de ciudadanos en asambleas por todo el país. Para participar en la democracia mexicana no bastan los votos, la verdadera legitimidad la dan el dinero y la capacidad de acarreo.
La patente electoral mexicana, tan útil como la de corso, es un monumental impedimento para las elecciones libres que ordena la constitución.