Una de las funciones del Poder Legislativo es vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos. Ser contrapeso de los otros poderes.

A últimas fechas nos han indignado casos de exgobernadores -Granier, Moreira, etc.-, a los cuales se les imputan escandalosos desfalcos al erario en el tiempo que ejercían el encargo. Con toda razón la opinión pública pide para ellos la aplicación estricta de la ley en el combate a la corrupción e impunidad. 

Por lo general, de esos atracos conocemos por denuncias de ciudadanos, de organizaciones civiles o partidistas y en su mayoría por acusaciones formales y auditorías realizadas por quienes les suceden en la titularidad del Ejecutivo.

A veces se nos olvida preguntarnos: ¿qué hicieron los congresos locales con la obligación de fiscalizar a esos gobiernos?, ¿ejercieron su responsabilidad a plenitud o se dedicaron a ser -en infortunada frase de un exdiputado yucateco- servidores del señor gobernador?, ¿no son igual de responsables -ladrones- esos diputados locales que nunca denunciaron el peculado que cometían los gobernadores de sus estados?

El tema viene como “anillo al dedo” ante la negativa de los diputados locales priistas a llamar a comparecer al secretario de Administración y Finanzas del actual gobierno estatal de Yucatán para aclarar dudas de sus homólogos panistas y de varios ciudadanos sobre el manejo de los recursos públicos. 

Estas comparecencias son lo más normal en los congresos modernos y eficientes. Hacerlo con institucionalidad y con un formato respetuoso que evite que cada comparecencia se convierta en un circo o en el que queden exhibidos quienes así la quieran convertir. 

“El que nada debe nada teme”, dice un refrán. ¿Habrá mucho que esconder? A lo mejor simplemente los diputados locales priistas antes que representantes del pueblo se asumen como servidores del Ejecutivo estatal.