26 de Septiembre de 2018

Opinión

Respetar el derecho a clases

Uno de los problemas estructurales de nuestra economía es la amplia brecha que existe entre los que tienen mayores rentas y los que sobreviven con precarios ingresos.

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Si bien la Reforma Educativa ha sido, de las iniciativas propuestas, la que ha contado con mayor consenso sobre su objetivo declarado de elevar la calidad de la educación pública, pienso que se equivocan quienes ven en las movilizaciones magisteriales un peligro para su articulación y exhiben su ideología antisindical denunciando lo “elevado” de sus salarios y prestaciones, azuzando al Estado, tanto federal como estatal, a echar mano de la violenta represión.

Resulta una equivocación imperdonable sostener que en nuestro país la calidad de vida de algún sector de trabajadores sea superior a los de los países emergentes, para no decir desarrollados. 

Antes bien, uno de los problemas estructurales de nuestra economía es la amplia brecha que existe entre los que tienen mayores rentas y los que sobreviven con precarios ingresos, lo que ha mantenido deprimido nuestro mercado interno.

Absurda equivocación, idéntica a aquella en la que incurren los dirigentes magisteriales que persisten en la desatinada estrategia de sustentar su capacidad de negociación, más que en la exposición de sus razones, en la posibilidad de infligir los mayores daños a sectores productivos ajenos a sus conflictos, como los comerciantes y los hoteleros; a la población abierta obstaculizando su circulación  o, peor aún, a los beneficiarios de su actividad como son los educandos, lo que contribuye a restar apoyo social a sus tal vez justas inquietudes.

Porque si algo está claro en las sociedades modernas es la importancia de la educación para propiciar la igualdad de oportunidades, lo que está en correspondencia con su calidad, de ahí el apoyo unánime de la sociedad a la reforma aprobada.

Apoyo que sin embargo no debe ser malinterpretado para satisfacer a los partidarios de la mano dura que buscan, deliberadamente o no, restar el respaldo popular a los gobernantes para que dependan en mayor medida de los poderes fácticos.

Y dado que la educación pública, además de la búsqueda de la excelencia,  tiene también su vertiente laboral, es preciso que quede suficientemente claro que no serán arbitrariamente vulnerados los derechos laborales de los maestros mediante unas evaluaciones inadecuadas y que el organismo creado para ello cuente realmente  con independencia,  imparcialidad y sobre todo atingencia.

Es preciso también asegurarse que estas organizaciones nunca más volverán a ser utilizadas como promotores electorales por ningún partido.

Creo que el gremio de los maestros se encuentra entre los que más han luchado por democratizar su organización y estoy seguro de que los verdaderos maestros están interesados en elevar la calidad de la enseñanza.

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