Leyendo rotativos del día, se me vino a la mente una de tantas anécdotas que matizan mi cotidiano devenir. Trajo a la memoria un domingo, cuando un gran amigo y mejor padre de familia  recibía la noticia en voz de su joven retoño:  “Quiero decirte que estoy embarazada”. 

Más allá del impacto emocional del momento, este pasaje nos lleva nuevamente a reflexionar sobre las facturas pendientes que tenemos todos aquellos quienes nos consideramos actuales rectores del microcosmos que nos rodea. 

Al revisar cifras duras  al respecto, me encontré que el embarazo en adolescentes es una problemática social  que se ha ubicado dentro de lo cultural. Este fenómeno de corte  tripartita involucra a los sectores educativo, de salud y  familiar. 

Según  estadísticas recientes, cada año alrededor de medio millón de mujeres menores de 20 años dan a luz. Doce estados de nuestro México destacan y el terruño peninsular no escapa de esta lista. En general lo que hemos encontrado es que son chicas que vienen de hogares disfuncionales, en donde se presenta maltrato, donde hay drogadicción, alcoholismo, mucha promiscuidad y poco cuidado.

Abundando en el tema y dando valor a nuestra preocupación, les diré que el Fondo de Población de las Naciones Unidas asegura  que las probabilidades de morir por razones obstétricas en las adolescentes de 15 a 19 años son dos veces más respecto a las mujeres que se encuentran entre los 20 y 30 años de edad, y para las menores de 15 años, los riesgos son cinco veces mayores.

Todo lo anterior se debe  a que el cuerpo no está suficientemente preparado para poder tener un bebé. 

Las causas principales de los embarazos no deseados van  desde el inicio precoz de las relaciones sexuales, ya sea voluntariamente o por presión social, así como violaciones, violencia sexual, carencia afectiva, descuido de los padres, baja autoestima,  curiosidad y  uso inadecuado de anticoncepción.

“Maternidad en la Niñez” revela que a nivel mundial, debido a los embarazos de adolescentes, 20 mil niñas dan a luz todos los días, lo que representa pérdidas de oportunidades educativas y  de desarrollo. 

En conclusión, diseñar mejores políticas públicas en beneficio de las y los adolescentes, ofrecer alternativas a través de la educación y atención integral, vía articulación de  esfuerzos sectoriales y programáticos para atender el fenómeno y construir las soluciones que se requieren, es el camino a seguir.