Uno nunca sabe cuándo atacarán los malandros. En una bodega, en una gasolinera, en un comercio, en una humilde taquería, incluso en contra de un vendedor de cacahuates y pepitas, aquél que apenas sobrevive con 100 ó 200 pesos diarios. Cierto, es complicado vigilar el territorio de Yucatán con más de 3 mil policías y el equipo y armamento necesario, pero se hace la lucha.

La semana anterior, se conoció a través de las noticias que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a siete personas, dos mujeres entre ellas, presuntamente vinculados con el crimen organizado y, concretamente, con el llamado Cártel de Jalisco o de Guadalajara Nueva Generación –como gusten calificarle- en un tramo carretero de Mérida.

Resulta que los angelitos quisieron dispensarse argumentando que eran “guaruras” de gente importante a la cual, por supuesto, no pudieron identificar, pero, además, poseían en el vehículo donde transitaban tremendo armamento, digno de las más brutales guerrillas de Medio Oriente y que hacen palidecer las pistolas y “cuchíos” que portan los militares mexicanos y los grupos de élite policiacos de la entidad.

Pues, los señoritos y señoritas fueron apañados y, en breve, los mandaron a los juzgados federales donde, por principio de cuentas, quedaron en calidad de presos “momentáneos”, mientras sus abogados luchan por salvarlos de la quema.

Las autoridades correspondientes no han dicho ni pío sobre este asunto que se ventiló en medios de comunicación y, sin faltar, las redes sociales. No se sabe, la verdad, si es mejor ocultar algunos de estos problemas a la sociedad o hablar con franqueza y derecho, simplemente para que las familias tengan más cuidado y hasta se unan para protegerse. Cosas de las autoridades y de su particular forma de informar.

Pero cabría la posibilidad de que por atender a los supuestos integrantes del crimen organizado, los polis habrían descuidado las bases elementales de la seguridad como son las acciones de vigilancia en comunidades apartadas como Río Lagartos y Tzucacab, por mencionar a estos dos municipios, el primero localizado al oriente y el segundo por el sur profundo. O sea, hasta allí los policías casi siempre no llegan.

¿Y qué sucedió? Pues que el sábado se retentaron los malandros y cometieron tropelías en aquellas dos poblaciones y, para rematar, en Mérida por la noche.

En Río Lagartos, un grupo de pillos, bien armados, llegaron a la gasolinera del sitio, amagaron a los empleados y se llevaron más de un millón de varos como botín. Agarraron un carrito y se pelaron con rumbo a Las Coloradas, hasta el “tuch” de Tizimín, y de allí abordaron una lancha y ¡“jalachó”! Aquí, el hurto fue en el transcurso de la mañana, pero en la madrugada del sábado, una bodega de Diconsa, dependiente del Gobierno Federal, también sirvió como escenario para las ratas de dos patas y se embolsaron alrededor de 25 mil devaluados pesitos. También hubo armas de por medio. Y a eso de las 8.30 de la noche, una farmacia Yza, instalada en la avenida Itzaes, contra esquina del Hospital O’Horán, fue visitada por los amantes de lo ajeno y, al parecer, jalaron un nada despreciable botín. Se habla de 100 mil morlacos. Todavía muy buenos para sobrevivir con la actual flácida economía del país.

Y es cierto, como se dijo anteriormente, que los policías no pueden adivinar cuándo van a actuar los “ratones” y tampoco tienen la propiedad de ciencia ficción para transportarse materialmente en cuestión de segundos a la escena del delito o del crimen. Pero hay que ir a lo más básico: la vigilancia y el compromiso de las llamadas policías coordinadas para hacer frente a este tipo de flagelos que, bajita la mano, empiezan a cundir en la entidad, aunque las instancias correspondientes pretendan ocultarlo.

Claro, también es verdad que Yucatán no tiene, de ninguna manera, las estadísticas de pillaje y de crimen organizado que otras partes del país, pero eso no es suficiente. El discurso sobre este tema de la seguridad en el Estado es algo común de las altas cúpulas del poder. “Somos el Estado más seguro”, se escucha por doquier y es como el estandarte para que el territorio sea objeto de inversiones, de oleadas turísticas y cuanta maravilla caiga por estos lugares. ¿Entonces?

Para que exista una verdadera coordinación entre las autoridades policiacas, los agentes municipales tienen que ser, en verdad, sujetos comprometidos con su labor y tener la debida preparación; no todos pueden portar armas porque enloquecerían, pero en momentos de apuro sí disponer de un mínimo de armamento. El programa Escudo Yucatán, tan alabado, sólo funcionará si hay unidad y voluntad, además de entrenamiento, pericia y audacia. De poco servirán 50 mil cámaras de vigilancia si no existe interés por ejercer la justicia.

Y, como colofón, que la Fiscalía General del Estado haga su labor para integrar bien los expedientes. Total, ahora tiene menos chamba; los policías ministeriales pasaron a las órdenes de la SSP. Por el momento, el sábado fue de gloria para los pillos. Ojalá no sea así muy seguido.
Amiguitas y amiguitos, ya saben: sugerencias para saber cómo una gasolinera en tan remoto sitio como Río Lagartos disponía, en efectivo, de un millón de pesos, enviarlas a [email protected] y/o [email protected]