La decisión unilateral del alcalde Renán Barrera Concha y la desatención o incapacidad del equipo legal del Ayuntamiento de Mérida le han propinado una vez más un serio descalabro a las finanzas públicas de los meridanos pues, ¿qué duda cabe?, seremos los habitantes de esta ciudad capital quienes terminaremos pagando el precio de la tozudez del aventurero edil.

Pues un Juzgado de lo Civil, del DF, ha resuelto la semana pasada que el municipio de Mérida deberá cubrir al Banco Santander las rentas que dejó de pagar, desde febrero de 2013, por concepto del contrato establecido con ABC & Leasing de México, por el arrendamiento de luminarias, estipulando que deberá pagarlas hasta el término de dicho acuerdo.

Hasta el momento, el monto es de alrededor de 160 millones de pesos, más intereses y costos legales, lo que significa que el alumbrado de la ciudad costará por lo menos 3 veces más de lo que hubiera costado de haber respetado el contrato inicial que arbitrariamente rompió, lo que le dio pie a  incurrir en otra serie de ilegalidades como desmantelar el sistema de alumbrado de esa compañía y posteriormente adquirir sin la licitación de ley las lámparas antiguas con las que las suplió.

Pues al precio de la renta original, que de todas maneras tendrá que pagar, hay que agregar el de las lámparas que compró y por las que, como se demostró, pagó al doble del precio al público con el argumento absurdo de que salen más caras al mayoreo. Ello sin considerar el precio de la energía eléctrica por el alumbrado público que, como resultado de la sustitución de luminarias, se elevó al doble.

Al tratarse de un juzgado de fuera del Estado de Yucatán, a Barrera no le queda ni siquiera el argumento de que se trató de un veredicto influenciado por las autoridades estatales o por algún partido, por lo que difícilmente podrá sacarle raja política haciéndose pasar por víctima.

Así el veredicto judicial deja en claro que ni Renán Barrera ni su equipo jurídico siguieron el procedimiento legal necesario para rescindirle el contrato a dicha compañía y que tampoco pudo demostrar que había razones válidas que lo justificaran. 

Si en los asuntos privados, cuando los recursos económicos están en juego, es preciso actuar con seguridad y prudencia, en la administración pública es una obligación hacerlo. Sin embargo, el en su momento flamante presidente municipal de Mérida tenía mucha prisa. Su atrabiliario  proceder sólo puede interpretarse como un síntoma inequívoco de que le urgía llevar al cabo un jugoso negocio para los proveedores de las lámparas.

Sus tácticas dilatorias sólo pueden originar que los costos, por no cumplir lo contratado con ABC & Leasing, se incrementen de manera desmesurada. ¡Claro!, en sus cálculos no figura el interés de la sociedad meridana, sólo busca que el precio de su proceder sea cubierto por el próximo Ayuntamiento.