20 de Noviembre de 2018

Opinión

Se apuntan para el INE

La resolución de la legislación federal sobre la Reforma Política constituye una nueva etapa...

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La resolución de la legislación federal sobre la Reforma Política constituye una nueva etapa en el camino electoral con el surgimiento del INE, con nuevos integrantes que se aplicarán a proyectar los comicios electorales a través del constitucional instrumento electoral nacional.

La máxima instancia legislativa ha decidido la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) que, en lo que se estime necesario, primero será colegir consejeros del ámbito estatal para procesar las elecciones que se produzcan en el país.

La resolución tiene alcance en todo el territorio nacional. Y aquí se presenta algo preocupante a los efectos de la posibilidad de designar consejeros de Quintana Roo si el INE ha considerado al Estado, entre los cuales se encuentran, Víctor Vivas Vivas, titular del Tribunal Estatal Electoral, Gabriela Lima Laurents, ex consejera del Instituto Electoral y ex delegada de la Semarnat), Jorge Manríquez Centeno, Consejero Presidente del Ieqroo y Juan Enrique Serrano Peraza, secretario general del Ieqroo.

Manríquez Centeno y Serrano Peraza destacan en la lista difundida desde la Cámara de Diputados, ya que se han desempeñado en el Instituto Electoral de Quintana Roo y tienen flancos menos vulnerables para que sean considerados a través de este sistema geográfico, con consejeros electorales de experiencia local para integrar el cuerpo colegiado del INE.

Es decir, competentes e independientes sin alguna ideología partidista, con probidad conocida previamente establecida en la ley, lo que constituye un elemento esencial para el debido inicio con credibilidad del nuevo organismo electoral en sustitución del IFE.

El INE se presenta con ordenamiento jurídico donde establece que debe utilizarse un sistema de elecciones que aseguren equidad, orden y legalidad.La sustitución del sistema electoral anterior, IFE, siempre fue un objetivo del nuevo Gobierno Federal para dar paso a la creación del INE, destituyendo a los consejeros del IFE para colocar en esos cargos a concejales de las entidades del país.

Salir del totalitarismo que en otrora tiempo solían aparecer solamente consejeros del Distrito Federal, lo que ahora impide el desarrollo del país, como lo es el objetivo de las democracias.

Para alcanzarlo es necesario tomar en cuenta todos los elementos que incidan en ese proyecto. Aunque en política hay muchos imponderables, siempre es posible seleccionar una o más rutas que permitan optimizar y estimar el mejor desarrollo de las elecciones electorales.

En una situación tan compleja nadie debe descalificar determinadas rutas, aunque tampoco podemos irnos al extremo de que todos los caminos conducen a Roma. Lograron llamar la atención los locales pretendientes como consejeros del INE, evidenciando que son consejeros de los organismos del Estado que, inevitablemente, entraron en la barrena del D.F.

Lo importante es que todos los nuevos actores electorales coincidan al convocar a elecciones electorales venideras, el nuevo régimen electoral debe hacer cumplir la ley electoral a los institutos políticos participantes con exigencias máximas.

El sufragio es una forma de expresión perfectamente autorizada por los ordenamientos jurídico-electorales que principalmente emanan de la Constitución con las reformas y sus leyes secundarias.

Es, desde luego, el sufragio, una manifestación ciudadana que permite el mantenimiento de la democracia como expresión de un país donde la libertad aparece como un derecho de fundamental importancia.

Después de lo anunciado por el presidente de la XIV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, diputado José Luis Toledo Medina, por cierto, han salido a relucir una larga lista -en cadena- de candidatos a ombudsman, e inclusive, desde antes que se emitiera la convocatoria, empezaron los escarceos en los grupos para candidatear a su gallo a la titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdheqroo).

Aquí lo importante es que las instituciones de procuración e impartición de justicia respeten a los derechos humanos.

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