25 de Septiembre de 2018

Opinión

Se escucha con más fuerza la voz ciudadana

Durante las últimas semanas, celadores y reos, así como policías, han permanecido expuestos a la crítica por hechos públicos...

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Durante las últimas semanas, celadores y reos, así como policías, han permanecido expuestos a la crítica por hechos públicos (desde intentonas de motín hasta el actuar prepotente de uniformados), divulgados en medios tradicionales y redes sociales. 

Para analizar la situación de los aludidos, conviene situar antes el contexto:

Las estadísticas preliminares más recientes en Derechos Humanos demuestran que los ciudadanos de Quintana Roo denuncian más y en ámbitos diversos; han disminuido las quejas contra las corporaciones policiales, las más señaladas; hay mayor capacitación en las instituciones públicas, y existe participación creciente en municipios con menor población respecto de los más habitados.

Por un lado, son datos que otorgan confianza al ciudadano, pues sus quejas están siendo atendidas y aplicadas, y por el otro ponen en alerta a los servidores, ya que sus actos u omisiones son vigilados por un organismo que tiene el respaldo creciente de agrupaciones civiles. 

En este sentido, está funcionando la doble apuesta del ombudsman Harley Sosa Guillén en torno a la difusión permanente de las garantías individuales para que los ciudadanos las conozcan, y a la capacitación progresiva dirigida a los empleados de instancias gubernamentales, quienes deben ser cada vez más sensibles al tema, les guste o no. 

En lo general, durante el 2014 hubo mil 618 quejas y, en 2013, mil 611 contabilizadas. Aunque la diferencia es mínima, cabe recordar que apenas en julio pasado fue reabierta la oficina en Isla Mujeres y en septiembre comenzó a operar la Coordinación de Asuntos Penitenciarios, lo cual derivó en la recepción de quejas relacionadas con las visitas a los reclusorios.

Este último renglón tiene una importancia singular: hace unos días fue presentado el Órgano de Seguimiento del Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria, el cual busca cumplir la reinserción social de los internos mejorando el trabajo de quienes tienen la obligación de resguardar el orden interno. 

En las cárceles siguen prevaleciendo la sobrepoblación, el hacinamiento, la escasez de servicios básicos y la falta de actividades que fomenten la rehabilitación, lo que atenta contra el espíritu de este Órgano de Supervisión cuya meta final es brindarles una “vida digna” en prisión. Por lo mismo, debe ser visto como herramienta que permite proponer políticas que facilitan la reinserción y no como un diagnóstico de mera crítica. 

El primer resultado se divulgó posteriormente, cuando se informó que a partir de marzo se llevarán brigadas a las cárceles para ofrecer asesoría jurídica, salud, capacitación, actividades deportivas, educación y otras acciones. 

El hecho de que en 2014 registraron 13 quejas más contra directores de cárceles refleja que se está desterrando la opacidad con la que actuaban y que permitía muchas veces desconocer sobre grupos de autogobierno, riñas, ingreso de objetivos prohibidos y hasta venta de sustancias ilícitas.

Respecto de los policías se observa que las quejas en contra de las direcciones de Seguridad Pública disminuyeron 33 por ciento, producto de cursos y capacitaciones, dos tareas antes relegadas.

En el 2013, Derechos Humanos capacitó a 372 policías, en tanto que en 2014 fueron mil 61 los elementos beneficiados, diferencia que explica el avance en ese tópico. Además, la coyuntura nacional en que los policías son protagonistas motiva que éstos cuiden su actuar y la gente denuncie más por cualquier medio, lo que sin duda da mayor certeza. 

No se ha ganado todo: es evidente que hay retos por afrontar, pues aun cuando hay menos denuncias en sectores históricamente señalados, una sola evidencia que falta trabajo por hacer. Por lo pronto, es correcta la apuesta por capacitar y difundir los derechos de todos.

 

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