Ya próxima a cumplir 39 años de su entrada en vigor (10 de septiembre de 1976) la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) contemplaba que la atención médica a sus derechohabientes la proporcionaría el Instituto en las unidades hospitalarias, clínicas y puestos asistenciales con que contara en el Estado de Yucatán, pudiéndose realizar también, a juicio del propio Instituto, en establecimientos médicos existentes en la entidad, propiedad de particulares o de organismos de seguridad social de cualquier naturaleza.

Entendiendo que, en los primeros años de su creación, el Instituto carecía de los fondos suficientes para la atención médica de enfermedades, maternidad, asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, estos servicios fueron subrogados al IMSS que en aquellos tiempos pudo soportar la carga de los servidores públicos del Estado y sus municipios. Sin embargo, con el paso de los años, ninguna administración pasada le entró al compromiso de edificar tan indispensable obra como construir su propio hospital. Las excusas y los argumentos siempre fueron los mismos: no hay dinero, y nadie puede explicar con claridad dónde se han diluido los fondos y aportaciones de los trabajadores y patrones durante esas casi cuatro décadas.

Un hospital propio para atender a los servidores públicos aliviaría al IMSS que, en estos tiempos, atraviesa una severa crisis económica que impide atender la demanda propia en servicios médicos y hospitalarios. El pasado 16 de febrero, una noticia llamó mi atención: “Sebastián Lerdo de Tejada, director general del Issste, anunció que, después de 40 años, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) volverá a construir un hospital en el Distrito Federal, pero ahora lo hará recurriendo al financiamiento conjunto público-privado, por lo que el Gobierno Federal pagará a la iniciativa privada la edificación y el equipamiento en un plan a 25 años.

Dejemos de soñar y luchemos porque, aquí en Yucatán, el gobierno estatal y el Isstey construyan, al amparo de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas, el anhelado hospital para la prestación de los servicios médicos en beneficio de los derechohabientes. Sí se puede, crucemos los dedos para que algún candidato enarbole esta noble causa.