Toda guerra es absurda. Por sus resultados, la de Calderón fue un error monumental. El país es más violento, hay más delincuencia y también más drogas en tránsito y en consumo desde que se inició. La guerra pasa por encima de la dignidad y el derecho de las personas y, lo que es peor, una vez iniciada genera su propia inercia y hace imposible su abrupta terminación.

La secuela de la guerra es condena: elevada cuota en vidas y derechos humanos; desgaste de las fuerzas armadas; soberanía mermada; una población rehén del miedo, desaliento y escepticismo; desprestigio del país y de los mexicanos; desencuentro entre los órdenes de gobierno; persistencia de la impunidad y de una justicia marginal y poco convincente.

Aunque la exigencia pública está presente, no hay razón para esperar un cambio repentino. Llevará tiempo y estará en la medida de que lo que ahora se haga sea eficaz. La solución no está en el centro, sino en el territorio. No es suficiente una policía nacional bajo un esquema centralista, se requiere que funcione el sistema de prevención y procuración de justicia en los estados.

El recuento de Sergio Sarmiento en Reforma sobre los hechos que antecedieron la violación de turistas españolas lleva a la indignación: las autoridades no atendieron casos semejantes ocurridos con turistas nacionales. El linchamiento mediático al alcalde de Acapulco, Luis Walton, distrae la atención sobre la causa auténtica de los hechos: la indolencia y quizá complicidad de las autoridades ministeriales de Guerrero. En el país no se ganará la batalla al crimen si el Estado no tiene capacidad para llevar a la justicia a los delincuentes.

Así de sencillo.

El gobernador Ángel Aguirre tiene la obligación no solo de dar con los criminales, también la de sancionar con severidad a los funcionarios que no cumplieron con sus responsabilidades al no investigar los hechos delictivos perpetrados con anterioridad, presuntamente por el mismo grupo.

No hay coartadas para ganar la batalla al crimen. El único camino es la aplicación estricta de la ley y esto inicia donde ocurren los actos criminales. No hay guerra, pero sí una lucha que debe librarse con disciplina y sin concesiones: la de la legalidad.