El as en la estrategia de seguridad del Gobierno federal es la Gendarmería, que hará su debut el próximo 16 de septiembre. Es decir, marcharán militares pero con uniforme de policías.

Nunca hemos entendido el porqué marinos y soldados aceptan –¿o buscan?– formar parte de cuerpos policiales. En la Armada se consideraba que era un retroceso en sus carreras, dicho esto con el respeto que nos merecen los buenos policías.

Pero la incrustación de militares en esas labores no es reciente. Desde hace décadas se les ha comisionado en labores de seguridad pública y actualmente varios cumplen esa responsabilidad en algunos estados.

Los hay también quienes fungen, con acierto, como asesores en dependencias estratégicas, como Pemex y CFE.

Sin embargo, en años recientes no han salido bien librados quienes han optado por ser comandantes o directores de seguridad pública. Quintana Roo es un ejemplo con dos almirantes: Gerardo Olavarrieta León (que se vio obligado a dejar el puesto) y Miguel Angel Ramos Leal; actualmente hay un general, y ya ultimaron a otro.

Un caso excepcional es el del contralmirante Manuel Mondragón y Kalb, actual comisionado nacional de Seguridad, a cuya trayectoria ya nos hemos referido.

En Veracruz, donde ya operaba la Policía Naval en el puerto y Boca del Río, la semana pasada un capitán de la Armada asumió el mando único en los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital, Cosoleacaque, Minatitlán y Acayucan.

Y apenas el miércoles se anunció que el almirante Sergio Javier Lara Montellano, quien dejará de ser comandante de la Octava Región Naval al pasar a situación de retiro, será el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, donde la violencia se ha enquistado.

Esas acciones contradicen los señalamientos del Gobierno de que paulatinamente los militares regresarán a sus cuarteles. Hoy no parece ni remotamente cerca esa posibilidad. De hecho, el caso de Michoacán dice todo lo contrario.