El asunto de la seguridad pública representa una prioridad para el Gobierno del estado y también para los presidentes municipales.

El semáforo delictivo de enero de 2017, posiciona a Quintana Roo como primer lugar en ejecuciones (homicidios). Quintana Roo registró en enero un incremento del 169 por ciento en cuanto a las ejecuciones (homicidios) provenientes de la delincuencia organizada.

Ante la ola de inseguridad que se vive en todo Quintana Roo es necesario replantear las estrategias en materia de seguridad pública, ya que la situación que se enfrenta es el resultado del estancamiento de las políticas de seguridad tanto de la administración estatal como de la municipal.

Es más que evidente que la estrategia de seguridad está fallándole al gobierno y no se ven acciones concretas para combatir la situación que enfrentan todos los Quintanarroenses.

No hay coordinación ni estrategia entre las diferentes corporaciones eso es más que evidente ante los nulos resultados.

Todos estos hechos delictivos no pueden considerarse hechos aislados, ni tampoco deben excusarse en un error estadístico de cifras, en lo que respecta a los ayuntamientos, la Policía de Tránsito y la preventiva son consideradas como las más corruptas del país, de acuerdo a la última encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad que realizó el INEGI”.

La apatía y omisiones de las autoridades que escatima en temas vitales como la proximidad social y protección de la ciudadanía, pero no mide dispendio de recursos en dádivas fugaces y discrecionales y obras sin licitar.

La violencia y la criminalidad no han podido ser combatidas por ninguna política pública implementada, es necesario un enérgico llamado para que se piense más en las necesidades de la ciudadanía que requiere de una policía menos corrupta y decididamente preventiva, no se puede permitir que prevalezca la impunidad y la constante angustia de la población, por la falta de atención que las autoridades dan al fenómeno de la criminalidad.

Las policías deben enfrentar con decisión a las bandas criminales y a los delincuentes del fuero común, no a los infractores menores como actualmente se hace deteniendo menores de edad, albañiles y mujeres ebrias en lugar de delincuentes consumados.

La inseguridad en las calles es producto de muchos años de indolencia y de irresponsabilidad, de dejar hacer y de corrupción, que han alimentado la impunidad. 

Deben de renunciar a sus cargos si no son capaces de combatir el delito y restablecer la seguridad en el Estado, pues como dijo Alejandro Martí también es corrupción ocupar un cargo y no hacer nada.

No hay partidos una vez que uno es electo, nuestro único partido es Quintana Roo. Los que operan el cambio o la depuración de las policías deben hacer conciencia, que policías, ministerios públicos y jueces sean gentes honradas y de honor y que su fuerza haga que el corrupto se sienta desplazado o como dice la frase reciente de la indígena Jacinta "hasta que la dignidad se haga costumbre".