No creemos que la aceptación de la Asociación de Hoteles de Cancún de la determinación del gobierno de Carlos Joaquín González de dedicar la mitad de la recaudación por impuesto al hospedaje a gasto social y a la mejora de las comunidades de Quintana Roo haya sido “doblar los brazos”, aunque así lo aparente, ni –como ya lo habíamos señalado en este espacio– que los empresarios turísticos estén en guerra con la administración estatal.

No cabe la menor duda de que el ramo hotelero es con mucho el más importante de la iniciativa privada de Quintana Roo, pero pertenece a una muy peculiar industria del sector terciario de la economía –el de los servicios– que mantiene una enorme dependencia de la promoción y es bien sabido que buena parte de ésta descansa sobre todo en los gobiernos, tanto federal como estatal –sin descartar a los municipales, aunque por montos no haya parangón–, lo que obliga a mantener una cercanía y dependencia que no tienen otros emprendedores, al tiempo que la administración pública de los tres órdenes está obligada a cuidar al turismo como la tercera actividad generadora de divisas del país y la casi única del estado, siendo privada casi en su totalidad.

Las peleas, las posturas y los desplantes tanto de empresarios como de gobernantes en general no serán más que actitudes obligadas, pero en el fondo todos sabemos que las partes siempre acaban por acordar en beneficio propio y –así fuera de modo involuntario– de la economía de la entidad.

En todos, absolutamente todos los temas –en especial los económicos– los empresarios organizados tienen que quejarse para obtener el máximo beneficio para sus agremiados, claro está, pero también para cumplir con los expedientes de la percepción. Si se tratara de ejemplificar diríamos que se parecen a los sindicatos afines al gobierno, que todos los 1 de mayo, Día del Trabajo, lanzan discursos contestatarios e incluso incendiarios contra el sistema, el mismo gobierno con el que colaboran, ya sea para bien o para mal.

Lo cierto es que en especial en la relación entre hoteleros y gobierno en Quintana Roo las relaciones son de la mayor importancia y se cuidan con pinzas. Claro que cada cual tiene que jugar su respetivo papel y no queremos decir que no haya una negociación real, incluso un amable forcejeo en cada uno de los temas que tienen que ver con esos actores --y por supuesto hay un cierto margen de maniobra que sí pone a prueba las habilidades de los líderes empresariales y los gobernantes--, pero esta discusión en particular ya la hemos vivido muchas veces, mismas que quedó zanjada de una manera muy similar a como terminó esta vez. No es, pues, un tema de susto, ni de ruptura; ni siquiera de alejamiento significativo.

Otros asuntos con los mismos participantes han sido mucho más escabrosos y siempre han acabado por resolverse, como el de la recuperación y el mantenimiento de playas, que por su elevado costo necesariamente requiere la colaboración de todos los interesados, con fondos mixtos y acciones concertadas.

Nadie puede poner en duda la experiencia y conocimientos de los empresarios hoteleros de Quintana Roo, que en realidad son líderes de la industria de escala mundial, pero para el asunto del gravamen en particular no pude soslayarse el perfil altamente turístico del actual gobierno estatal, cuyo titular ha sido presidente municipal del destino turístico de mayor crecimiento del mundo –Solidaridad, cuando además incluía Tulum–, secretario estatal del ramo, presidente de la comisión legislativa pertinente de la Cámara de Diputados federal y subsecretario de Innovación y Desarrollo de la Sectur, por lo que sabe muy bien que del éxito de los hoteleros depende la economía del estado y, por ende –de ahí la defensa de la derrama social y comunitaria del impuesto al hospedaje, precisamente–, de las familias quintanarroenses.

La postura de los hoteleros desde luego no es una impostura, pero algo tiene de show. Jamás de enfrentamiento.