Se ha anunciado que cuando comience el próximo período legislativo del Congreso del Estado, se someterá a su consideración la Reforma Educativa propuesta por el

Ejecutivo Federal que, aunque ha sido previamente aprobada por las cámaras legislativas federales, dadas las modificaciones constitucionales que  contempla, requiere de la aprobación de la mayoría de los parlamentos estatales.  

Se trata de una reforma por largo tiempo acariciada por sectores y agrupaciones cercanos a la educación,  que no había podido cristalizar debido  a cuestiones ligadas con la utilización electoral de los sindicatos de los  maestros que, a causa de su alianza con los grupos de poder, de uno y otro signo, han impedido la extinción del corporativismo, como exige el desarrollo de nuestro sistema democrático.

Sin embargo hay que destacar que el motivo principal de la reforma tiene más que ver con la necesidad de actualizar el sistema nacional educativo conforme a los avances tecnológicos que han modificado de manera radical nuestra manera de concebir la realidad, de relacionarnos socialmente y también  de ser productivos.

Lo mismo que con el desarrollo de la ciencia pedagógica y con la necesidad  de contar con las llamadas Escuelas de Tiempo Completo, que contemplen jornadas diarias de entre seis y ocho horas, que incluyan alimentación y que posibiliten un mayor desarrollo académico, deportivo, cultural y artístico para los educandos.

Una de las modificaciones a mi juicio importante consiste en la reglamentación para que las opiniones de los padres de familia y de los demás sectores  involucrados en la educación puedan ser consideradas por las instancias pertinentes en la elaboración de los programas y planes de estudio.

Otra, aborda la necesidad primordial de contar con una sola plataforma de datos básicos del sistema educativo, lo que podrá ser subsanado  mediante la creación el Sistema de Información y Gestión Educativa, que se realizará inicialmente con el auxilio del INEGI mediante un censo de escuelas, maestros y alumnos.

Otra más tiene que ver con la aplicación de los resultados de evaluación tanto con el propio sistema educativo,  dotando de autonomía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y facultándolo para impulsar las modificaciones necesarias para el mejoramiento; así como sobre el desempeño de los maestros, con la creación de un Servicio Profesional Docente, que exija  concursos de oposición, para el ingreso, promoción y permanencia de los maestros en sus cátedras.

No hay que buscarle matices partidistas, ni dedicatorias personales  a una reforma benéfica que también garantiza el respeto a los derechos laborales y constitucionales de los trabajadores de la educación.