Los hechos son claros: Que Campeche creó sobre territorio quintanarroense el municipio de Calakmul; y que Quintana Roo no hizo lo suficiente para atender –política y socialmente– esa región que cada vez parece más perdida, a pesar de los anuncios que se hagan del reinicio del litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El consejero jurídico del gobierno estatal, Raúl Labastida Mendoza, aseveró que Quintana Roo tiene sus derechos a salvo y que los juicios ya interpuestos quedaron sin resolver en 2013, a pesar de que la SCJN declaró sobreseídos los juicios de controversias constitucionales iniciados por Quintana Roo en 1997, ante lo cual iniciarán, junto con el Poder Legislativo y el Judicial, nuevas demandas en contra de la creación del municipio campechano de Calakmul en 1997.

Ya en 2011, en A Tiro de Piedra escribimos que si bien Campeche parece haberse apropiado de cuatro mil 800 kilómetros cuadrados, Yucatán de manera silenciosa parece ser el mayor triunfador del diferendo; pues el primero de estos estados aduce que la ubicación del Punto Put (punto de intersección entre los tres estados) es diferente a la original, ante lo cual se quedarían en la segunda entidad cinco mil 400 kilómetros cuadrados de suelo quintanarroense, así “sin dar golpe”, una franja mucho mayor a la que ganaría Campeche.

Pero el colmo del ridículo no es sólo la pérdida de territorio, sino que con ese cambio de ubicación del Punto Put, a Yucatán iría el municipio de José María Morelos, uno de los más emblemáticos de Quintana Roo, perdiendo la cabecera municipal y poblaciones y alcaldías como Sabán, Sacalaca, Tihosuco, Tepich y Dziuché, y ya de pasada lagunas también representativas del centro del estado como las de Chichankanab y Esmeralda.

Así de absurdo es el conflicto aún vigente, pero de ahí también la enorme necesidad de una defensa real del territorio, no un litigio que dure otros 17 años y similares resultados.

Se requieren acciones efectivas más allá del discurso y la justificación de los viáticos, más allá de los viajes al Distrito Federal todo pagado y las declaraciones de relumbrón; más allá de crear comisiones legislativas y hacer reuniones en las que actores políticos diversos juren comprometerse con la integridad territorial, porque desde 1997 Quintana Roo espera respuestas, y todos los que han sido autoridad desde entonces han dejado la tarea inconclusa.

¿O acaso la diputada presidenta de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo, Trinidad García Argüelles, ya fue a conocer el Punto Put que hace unos meses reconoció no saber siquiera qué era?; o ¿el magistrado magistrado presidente del tribunal superior de justicia de Quintana Roo, Fidel Villanueva Rivero, ahora sí tomará el tema que evidentemente ha evadido desde el inicio de su gestión?

La disputa territorial está lejos de terminar, pero mientras eso pasa, la pachorrudez es la constante en los adormilados ministros de la Corte.

En contraparte, en la agenda legislativa quintanarroense ha sido incluida –atinadamente– la realización de estudios para la creación del municipio de Nicolás Bravo, que incluiría a las localidades en disputa con Campeche, y esta entidad respondió anunciando que en Calakmul, especificamente en la comunidad de El Cibalito, colocará una Subdirección de Seguridad Pública, con lo que pretende incrementar las medidas de seguridad en esa región. Muy alto el riesgo de enfrentamientos.

La vía legal siempre será la mejor opción para defender lo propio, ojalá que ahora sí las acciones sean efectivas, porque la indefinición en la que se mantiene el conflicto limítrofe pareciera beneficiar a Campeche, pero no quita el derecho de que Quintana Roo reclame lo que constitucionalmente le pertenece. Se está a tiempo de que la “sangre no llegue al río”.

Agradezco de antemano sus comentarios al correo [email protected] y al twitter @julianisaac77