El primer tropezón real de los procesos de reformas estructurales se dio en el Senado por una razón simple: los partidos no están dispuestos a jugar limpio. Los cambios en materia de transparencia que se han propuesto harían que las organizaciones políticas se vieran sujetas al riguroso escrutinio de la sociedad toda.

De ocurrir esto, los dueños de la partidocracia estarían expuestos y limitados para continuar con las prácticas opacas o de plano ilegales con las que se han conducido las tres últimas décadas, ya sea con el dinero público o el privado.

Son los políticos quienes oponen la principal y más férrea resistencia a que los mexicanos tomen el control de la vida pública, y es por eso que la sociedad debe presionar para que cada vez les sea más oneroso continuar con las malas prácticas que los caracterizan, pues ningún partido —ni grande ni chico— está exento de la cultura antidemocrática que caracteriza a la clase política mexicana.

Por eso tampoco quieren que haya un instituto nacional de elecciones que elimine de los procesos electorales gazapos como el de las fallas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares del pasado domingo en Baja California, porque no creen que en la democracia se gana o se pierde por un solo voto.

La reforma electoral necesaria debe obligar no solo a que haya confianza y certeza en los comicios, sino que debe hacer que los partidos transparenten sus flujos de recursos, pues es ahí donde se originan los vicios de falta de equidad que representan la compra de votos, el rebase de topes de campaña o la entrada de dinero de dudoso origen para promover e impulsar a algún candidato.

Es por eso que después de más de 30 años de la apertura democrática en México aún no se supera la zozobra e inestabilidad en los comicios y las elecciones no son un trámite normal para designar a nuestros gobernantes y representantes. Y así como van las cosas, no se ve para cuándo haya verdaderos demócratas que impulsen los cambios que requiere la competencia política en México.