El pasado día 5 se cumplieron los 96 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, promovida por Venustiano Carranza (1859-1920) y modificada y aprobada por el Congreso Constituyente, luego de la Revolución.

La ocasión pasó “sin pena ni gloria” en el país. El presidente Enrique Peña Nieto anunció en un acto oficial, en Querétaro, reunido con gobernadores de la República, un acuerdo para conmemorar el próximo centenario de la Carta Magna. Reconoció que: “No obstante lo avanzado de nuestra Constitución, lamentablemente, hay derechos que para una gran parte de los mexicanos sólo existen en el papel”.

El objetivo de la Carta Magna en su epoca, según historiadores, fue conjuntar los estados que integraban la República a través del restablecimiento del orden por medio de un régimen unificador.

Con ella se sustituía a la Constitución de 1857, que le daba al Congreso poderes desmedidos, y también se abolía la reelección presidencial para evitar que se repitiera la dictadura.

Destaca la inclusión del término de las garantías individuales en vez de los derechos individuales, siendo el Estado el que deberá resguardar al ciudadano. De igual forma establece la autonomía de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, desde los ámbitos federales hasta los locales dando más autoridad a los gobernantes.

El “corazón” de la Carta Magna lo conforman así los Artículos 3 (derecho a educación laica, gratuita, democrática y nacional), 27 (regula el manejo de tierras y bienes de la nación), 123 (derecho al trabajo y previsión social) y 130 (libertad de culto y normatividad de religiones por el estado).

En la actualidad nuestra Constitución se ha hecho vieja, así lo demuestran las más de 500 modificaciones que ha recibido. Hace unos días leí por ahí que las nuevas leyes y reglas deben adaptarse a los proyectos de nación y actualización frente a contextos específicos y cambiantes. Todo con el fin de mejorar aspectos prioritarios de la vida pública.

Dudo mucho que nuestros legisladores tengan en cuenta lo anterior, siendo que muchas veces ni siquiera conocen lo que aprueban y sólo lo hacen por órdenes de su partido. Así ha pasado con las actuales reformas Educativa y Laboral tan criticadas.

No hay que olvidar que el Art. 39 de la Carta Magna dice: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.