A los padres de esos 43 jóvenes con su enorme fe y su paciente espera.

Las noticias de las autoridades son horribles. El peor de los escenarios se presenta, aunque la información todavía no es formalmente concluyente, los jóvenes normalistas desaparecidos fueron asesinados por la barbarie. El caso es de gran impacto. No obstante, los desaparecidos y las muertes injustas suman decenas de miles, el caso de Iguala ha cobrado significado especial. A todos nos conmueve y apena el desenlace. La esperanza de encontrar con vida a los desaparecidos se desvanece.

Las tragedias siempre llaman a los responsables. En este caso los hay. Aunque la indignación es generalizada, no es para que los usufructuarios del rencor y del odio ganen terreno. Es tiempo de la justicia. Quienes por acción u omisión tengan responsabilidad, deben enfrentar con rigor las consecuencias de ley. Sin prejuicios, pero sin concesiones, la justicia debe tomar su lugar. Los agraviados no solo son los familiares, sino el conjunto de la sociedad, de la nación. Son momentos de prueba y no hay otra salida que la del proceso justo.

Ayotzinapa representa una herida profunda. No solo son 43 jóvenes estudiantes, sino las decenas de miles de casos que merecen la atención de las autoridades. No son los acontecimientos de los pasados meses, sino muchos casos que se acumulan en el tiempo y que merecen de las autoridades igual atención y solución. Toda muerte es igual, así sea de un joven normalista o de una persona por identificar. Las autoridades deben hacer mucho más para dar respuesta a los desaparecidos y todavía más para llevar a la justicia a los responsables.

Dos tareas son obligadas para el Estado mexicano: integrar constitucionalmente una fiscalía para los desaparecidos, con autonomía, recursos, infraestructura y atribuciones para atender todos y cada uno de los casos de personas que no se encuentran, muchos de ellos en expedientes formalmente circunstanciados ante autoridades. La otra, reorganizar al gobierno para crear una instancia dentro del gabinete que tenga la encomienda de responsabilizarse de las tareas de justicia; no es suficiente la Consejería de la Presidencia, tampoco las áreas del gobierno responsable de la justicia y de los derechos humanos. Es momento de una iniciativa que haga de esto prioridad.

Lo es porque la justicia es la gran debilidad de nuestro país. No podemos transitar por la modernidad si no atendemos con determinación el tema de la legalidad y consecuentemente el de la justicia. La realidad es que la violencia y la criminalidad crecen porque no hay justicia. La acción de los gobiernos no será suficiente si como país no contamos con instituciones eficaces para sancionar a quienes violentan el más elemental derecho que es el de la vida.

El desafío es hacer didáctica de civilidad e inteligencia de la tragedia. Lo más fácil y simple es hacer de la tragedia espectáculo y trasladar a las autoridades la causa de lo que hoy ocurre. Se debe tener presente que la respuesta es insuficiente al problema de la violencia que viene de mucho tiempo atrás. Quienes ahora gobiernan tienen la obligación de entender la gravedad de la situación y emprender nuevas y diferentes maneras de enfrentar el problema. Del dolor y la desgracia deben renacer un México decidido a defender lo mejor de sí mismo y comprometido para imponer un alto al drama que plantea el empoderamiento del crimen organizado.

El pacto político por la seguridad es un camino, pero es insuficiente porque el problema demanda la participación no solo de la política y los gobiernos, sino del conjunto de la sociedad. Son momentos de reflexión y propuestas plurales para concretar acciones que signifiquen mucho más que respuestas. Hay la necesidad de un replanteamiento a fondo de lo que gobierno y sociedad hacen para enfrentar la inseguridad. Problemas estructurales obligan a respuestas igualmente estructurales.

El llamado de atención merece imaginación, sentido de lealtad al país y a sus instituciones y claridad sobre lo que puede y debe hacerse. No es cuestión de las ya rebasadas baladronadas de los gobernantes, tampoco de reformas cosméticas y marginales. Debe hacerse un replanteamiento a fondo. En particular responder a la exigencia de una justicia eficaz que combata la impunidad y la protección de los derechos humanos.

La desesperación es mala consejera. La frustración por los magros logros no debe llevar al fatalismo ni a decisiones derivadas del impulso. La obligación de todos es mover al país hacia la solución y a una acción conjunta para mejorar la capacidad del Estado para hacer valer la ley y consecuentemente hacer realidad un sistema de justicia eficaz para que quien la haga la pague, que el destino del criminal sea la rigurosa sanción de la sociedad mediante un proceso penal justo.

La agenda de los derechos humanos y la de justicia eficaz van de la mano. Como ya se ha dicho, no existen coartadas para combatir la criminalidad, tal intento lleva a falsas respuestas y acciones contraproducentes al objetivo. Al crimen y la violencia se les combate con la ley en la mano, con los procedimientos que dan certeza a los derechos, incluso al de los presuntos responsables.

Los derechos de las víctimas deben estar en el centro de la atención. El Estado tiene no solo el monopolio de la violencia legal, sino también el de la justicia penal. Los derechos de los inculpados o presuntos responsables no están por encima del de las víctimas directas e indirectas de las acciones criminales. No es un régimen de venganza institucionalmente protegido lo que se requiere, sino un sistema de justicia eficaz para hacer valer no solo el derecho de las víctimas, sino el del conjunto de la sociedad, porque el acto delictivo no solo afecta a personas, sino el código elemental de convivencia que rige a la sociedad.

Frente a nosotros tenemos la oportunidad de hacer de la tragedia didáctica para la superación de nuestra sociedad e instituciones. Derecho hay para el sentimiento de agravio, pero también obligación para honrar a las víctimas con una actitud que revele grandeza para hacer de la indignación punto de quiebre que haga realidad el anhelo de legalidad y justicia.