20 de Septiembre de 2018

Opinión

Tienen derecho a trabajar

La experiencia nos indica que a pesar de los programas, convenios, acuerdos y reubicaciones, el fenómeno del comercio informal persiste y tiende a acrecentarse

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Conciliar intereses, a veces encontrados, resulta sin duda una de las funciones, la más importante, que le asignamos a la política, o mejor dicho a los políticos que se hacen cargo de la administración pública. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones sociales donde los involucrados son seres humanos, con intereses igualmente legítimos,  no resulta tarea fácil encontrar el justo medio de las cosas.

Y conste que no se pretende aplicar a rajatabla la ley porque, además de que se presta a interpretaciones diversas, a veces contradictorias, resulta prácticamente imposible reglamentar todas las cosas y todas las actividades mediante las cuales nos  relacionamos en el seno de la sociedad.

Ahí está el caso de los vendedores ambulantes que los comerciantes organizados han solicitado, de manera reiterada, sean retirados de las calles de Mérida por el alcalde Renán Barrera, con los argumentos de que dañan la imagen de la ciudad, ocupan ilegalmente los espacios públicos así como por la competencia desleal de la que se dicen víctimas. Posición que a primera vista parece sensata y de fácil admisión.

No obstante, la experiencia nos indica que a pesar de los programas, convenios, acuerdos y reubicaciones, el fenómeno del comercio informal persiste y tiende a acrecentarse, no sólo en Mérida sino en todas las ciudades importantes del país, lo que está determinado por la  incapacidad de ofrecer empleo formal a todos los que lo necesitan.

De hecho, constituye un reflejo de la tendencia que ocurre en el resto del mundo, cuya crisis ha impulsado el crecimiento del desempleo y de la economía informal, que investigaciones actualizadas ubican en nuestro país en cerca de la mitad de las personas que tienen empleo.

Evidentemente se trata de un problema social que difícilmente encontrará solución con la simple aplicación de medidas administrativas, por coercitivas que sean, ya que tampoco se trata de eliminar de tajo la única fuente de ingresos de un amplio sector de la población, que la ve como  la última oportunidad de encontrar una ocupación ajena a las prácticas delictivas.

Por otra parte,  dado que la naturaleza de las mercancías de los vendedores ambulantes no siempre representa, en sentido estricto, una competencia para el comercio formal, me parece necesario respetar el derecho superior que tiene la gente de emprender actividades productivas  para subsistir.

Evidentemente la “solución” que ofreció Renán Barrera, de confinarlos en el último piso del San Benito, con un crédito gancho, no resulta convincente para los ambulantes, por lo que dudamos que pueda cumplir, en el tiempo que el mismo fijó,  su compromiso con el comercio formal,  sin agraviar a muchas familias yucatecas.

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