Del mal de la corrupción no escapan las actividades que se realizan entre particulares, pero es especialmente grave en las entidades gubernamentales en detrimento del erario.

Sin duda lo que hoy acontece en el Estado de Tabasco es un ejemplo de esta situación. Es insultante  el desvío millonario de recursos públicos que terminaron engrosando las finanzas privadas del anterior gobernador de esa entidad y sus allegados. Oprobioso cuando  de su propia voz nos enteramos de las excentricidades que se permitía -incluso en su vestimenta- en tanto sus gobernados siguen con enormes carencias.

Uno podría preguntarse: ¿no era un secreto a voces el despilfarro insultante que ese gobernante hacía de los recursos públicos desde que ejercía el puesto?, ¿hasta que dejó de ser gobernador se convirtió en  indeseable para su partido por corrupto?, ¿es indeseable sólo porque se le pasó la mano y lo descubrieron?, ¿no es verdad que podrían estar en el mismo tenor ex funcionarios meridanos que hoy en otro puesto público gozan de fuero?

La corrupción y lo que es peor la impunidad nos dañan porque consolidan la incredulidad de los ciudadanos en la política. 

Ninguna de las esperadas reformas estructurales en nuestro país tendrá éxito si el combate a la corrupción no se da en serio o su castigo sigue siendo selectivo. Tampoco lo obtendrán si el “amiguismo político” o el “fuero constitucional” impiden la acción enérgica y justiciera contra quienes dañan, se aprovechan o dilapidan el patrimonio público.

Es momento de que todos –especialmente los funcionarios públicos– independientemente de filiación partidista seamos plenamente responsables de nuestras acciones ante la ley. Podríamos iniciar –como ha propuesto un legislador federal yucateco y su grupo parlamentario– eliminando ese mal usado “fuero constitucional”.