Los grandes cambios que trae consigo la Reforma Energética en sus leyes secundarias y reglamentaciones sobre la intervención directa de la iniciativa privada harán que exista una gran modificación en una de las principales paraestatales: la CFE.

En el Gobierno Federal saben que existe una ciudadanía inconforme que todavía no siente en los bolsillos las bondades de la Reforma Energética y para paliar la inconformidad anunciarán en estas semanas que quitarán de los recibos el pago de derecho alumbrado público (DAP). Con esta exención se pretende decir que esto es apenas uno de los beneficios de la Reforma Energética.

Pero los grandes cambios siempre vienen acompañados de modificaciones trascendentales, una de ellas es que la reforma permite la participación de los empresarios en todas las cadenas de producción de la electricidad, se elimina la exclusividad del Estado en el resto de la cadena, aunque conserve la propiedad y reafirme su rectoría en el sector energético.

En la búsqueda de la modernización de la CFE para volverla más rentable y competitiva a mediano plazo se pretende también una reducción en los precios que paga la población.

Los particulares podrán construir, financiar y operar plantas eléctricas de todo tipo y tamaño y solamente requerirán permiso de la autoridad; pero el gobierno mantiene la  planeación, control del sistema eléctrico, así como el servicio público de transmisión y distribución, esto es que los particulares pueden generar para sus empresas y para venderle a la CFE energía eléctrica, pero la única que la puede distribuir y vender a la población es la paraestatal.

En menos de una década la misma competencia que existirá entre las compañías privadas que generen luz eléctrica y luego se la vendan a la CFE traerá como consecuencia una reducción de los precios del fluido. También es un hecho que la CFE se enfrentará a las nuevas  compañías privadas que van a generar kilowatts más baratos, luego entonces tendrá que  hacer reajustes para mantener sus precios competitivos, para ello o modera el consumo de sus trabajadores -que terminan pagando la empresa y todos los ciudadanos- o se verá en la necesidad de despedir personal, ya que se espera que los precios de la luz sean internacionalmente competitivos.

La CFE tendrá dos años para transformarse de organismo descentralizado a empresa productiva del Estado, habrá cambios en su organización y gobernanza para cumplir con sus nuevos objetivos.

La elección de la Sección 67 del SNTSA de Yucatán trae el sello de la competencia entre los grupos políticos del PRI que desean la gubernatura en el 2018, no ignoran que antes está el 2015. Si bien es cierto que el Dr. Eulogio Piña tiene el respaldo de algunos funcionarios estatales, su contendiente, la enfermera Josefina Mis, tiene el apoyo del titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín; el grupo de la ex gobernadora Ivonne Ortega valoró por su propio bien bajar de la contienda al actual diputado local Alvar Rubio. La votación está cerca.