He seguido con atención una noticia generada en España: la Fiscalía Superior de Andalucía abrió una investigación contra tres colegios de Málaga, uno público y dos concertados.

En España se llaman concertados aquellos colegios que funcionan como una empresa privada pero reciben apoyos económicos del gobierno, por lo que se ven sometidos a ciertos lineamientos establecidos por las autoridades, no son públicos ni enteramente privados.

La investigación se centra en la negativa de las autoridades escolares a atender la solicitud de algunos padres de darle el trato del género que prefieran a tres niños transexuales de 6, 8 y 9 años respectivamente.

La fiscal encargada de la oficina contra la discriminación sexual de género, Flor de Torres, inició gestiones para que los colegios aceptaran a los niños; dos de los tres colegios aceptaron integrar a los niños a los salones de clase con la identidad sexual que prefieran, el tercero se ha negado rotundamente a aceptar esta situación y a integrar a un niño de seis años a sus salones apareciendo en sus listas de asistencia con nombre de niña, permitirle utilizar los baños de mujeres, aceptar que utilice el uniforme femenino con falda y que en todas las actividades escolares sea tratado como niña.

La madre del niño ha explicado que su hijo le pregunta todos los días cuándo podrá ir al colegio como niña, le han comprado una mochila rosa, una diadema y se encuentra ilusionado con usar su falda nueva.

La madre asegura que su hijo sufre por esta situación. Mientras una niña de nueve años tuvo que esperar tres semanas sin ir a clase, en tanto sus padres lograban con las autoridades del colegio acuerdos que le permitieran asistir como niño.

En este año 12 familias más han solicitado este mismo trato para sus hijos transexuales en la región de Andalucía.

La situación ha generado un encendido debate en la sociedad andaluza, hay personas que apoyan rotundamente la solicitud de los padres aduciendo que se están atropellando los derechos humanos de los menores, mientras otras señalan que los niños no tienen todavía el desarrollo psicosexual adecuado como para poder tener ya una identificación sexual plena.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948 en su artículo 26 fracción tercera declara que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”, por lo que, en un primer momento, pareciera que la razón asiste a los padres de familia; sin embargo, existen otras variadas consideraciones que se han de tener en cuenta.

Parece que en aras de garantizar los derechos humanos del niño se ha estado pasando por alto un aspecto que es fundamental para el bienestar de los propios niños: de acuerdo con múltiples corrientes psicológicas el niño no ha llegado a un desarrollo sexual pleno, sino que se encuentra en evolución y por lo tanto no se halla lo suficientemente desarrollado como para poder decidir por sí mismo; es por esta misma razón que a un niño no se le puede dar una licencia de conducir, ya que el desarrollo de sus habilidades motrices aún no se ha completado.

Diversas razones al respecto limitan determinadas actividades a los pequeños, tales como votar y ser votados, por lo que en nuestro país este derecho se reconoce hasta la mayoría de edad.

Es muy difícil establecer cuáles son las creencias que orientan a sus padres, pero evidentemente algo anda muy mal cuando un padre quiere depositar en su hijo decisiones para las que no se encuentra preparado, sobre todo en aspectos tan fundamentales como su orientación sexual; algo tiene que estar muy mal cuando ante la evidencia de la naturaleza humana un padre decide llamar a su hijo hija, ya que a pesar de lo que algunos señalen al respecto no se ha encontrado gen alguno que determine la transexualidad o el homosexualismo.

En nuestro país, cuando alguien demuestra evidentemente que no está capacitado para atender a sus hijos y procurar su desarrollo adecuado, es obligación del estado intervenir para velar por los intereses de los menores.

No imagino qué extraña concepción de bienestar del menor se tenga en algunos círculos españoles, donde parece ser que el niño no puede utilizar armas, conducir un automóvil, consumir alcohol o cigarrillos y votar, pero algunas autoridades y padres parecen completamente de acuerdo en que se encuentra plenamente desarrollado para decidir sobre su sexualidad.