Desde aquel 1 de septiembre de 1969 en que el presidente Gustavo Díaz Ordaz expresara ante el Congreso de la Unión: 'Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado' (la matanza de Tlatelolco), no se había dado un pronunciamiento público de un alto funcionario como el del sábado pasado en el emblemático Campo Marte.

No imagino al General Secretario de la Defensa al recibir la orden del Comandante Supremo de ofrecer una disculpa tras la difusión del video en el que militares y policías federales torturan a una mujer. Tras la elaboración, revisión y visto bueno de Presidencia, con el discurso transmitido a regiones y zonas militares, y supongo también al Cuartel General de la Armada, se atemperó la indignación.

El mensaje del jefe del Ejército fue materia prima para el desglose de analistas; nos parece que uno de los puntos destacados es cuando Cienfuegos dice que 'desde el cabo hasta el general con mando de tropas, somos responsables de los soldados puestos a nuestras órdenes, y también somos responsables de lo que hagan o dejen de hacer...'.

Luego el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, reprobó las acciones de los policías (sobre la grabación, filtrada a medios mexicanos y al sitio estadunidense Breitbart Texas) y aseguró que esas prácticas no representan el actuar de la institución. El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia fue más allá, dijo que 'procede pedir perdón, procede disculparnos públicamente y también procede asumir con responsabilidad las medidas necesarias para lograr que esos hechos no se repitan'. Pero él no ofreció perdón ni disculpas porque no está en la línea de fuego. ¿A quién entonces iban sus precisiones?

Esperamos que la 'sentida disculpa a toda la sociedad agraviada' y el proceso a los autores de la tortura no impacte en la percepción que tiene la mayoría de la ciudadanía sobre las fuerzas armadas, porque ese sería un daño irreparable, más ahora que su actuación está siendo vigilada.

Anexo "1"

Una 'orden' del INAI a la Marina

El miércoles pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de Marina hacer públicos los partes de los operativos realizados para recapturar a Joaquín "El Chapo" Guzmán, en Sinaloa, durante 2014.

El comisionado ponente, Francisco Javier Acuña, consideró improcedente la causal de reserva invocada por la Semar, en el sentido de que los reportes fueron remitidos a la PGR y, por tanto, formaban parte ya de una averiguación previa que imposibilitaba su difusión.

Acuña acusó a la Marina de asumir una actitud evasiva al no asistir a las convocatorias realizadas en el contexto de la sustanciación del procedimiento. Expuso que en esta etapa no se trata sólo de una invitación al sujeto obligado, sino que es parte del proceso y por eso debe acudir; de lo contrario, es omiso ante el órgano garante.

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Por esto digo que las fuerzas armadas están ahora más que nunca monitoreadas por la opinión pública.