Que las elecciones del 7 de julio se acercan, donde 14 entidades renovarán presidentes municipales y diputados locales y en Baja California al Ejecutivo Estatal,  dan cuenta los amagos del PAN para romper el Pacto por México, guiado por Miguel Ángel Yunes, que acusa al gobierno federal de usar sus programas sociales para fines electorales y, al estilo veracruzano, se lanza a la yugular pidiendo el cese de una inédita secretaria de Desarrollo Social cuya labor se había concentrado en el diseño de la “Cruzada Contra el Hambre”.

Los panistas dan así la razón a quienes desde el principio habían apostado por una corta “luna de miel” con el gobierno de Peña Nieto, prolongada artificialmente por el Pacto, mediante el cual sacó importantes reformas legales por largo tiempo pospuestas, como la Laboral, la Educativa  y la de Telecomunicaciones, teniendo en perspectiva la reforma hacendaria, o al menos su primera parte: la financiera.

Para nadie es un secreto que los tiempos electorales son proclives a mermar la productividad de un poder legislativo que, carente de una mayoría absoluta, requiere del consenso de los tres principales partidos, que en ese lapso prefieren utilizar la tribuna a favor del proselitismo partidista o, mejor aún, del desprestigio del adversario, de tal manera que en la ruta planteada originalmente por el Pacto se posterga para  el segundo semestre el tratamiento de las reformas económicas.

Quienes honestamente se preguntaban cuáles son los límites del Pacto y se apresuraron a cantarle el réquiem, se mostraron sorprendidos de que haya sido el PAN el rijoso, luego de 12 años de usar los recursos públicos, no sólo de los programas sociales, para apoyar a su partido. Pero han pasado por alto el descrédito público de Yunes, cuyo desempeño en los gobiernos federales del PAN no se ha caracterizado por el uso honesto del erario, sea para fines electorales o no.

Mal debe andar el señor Madero para requerir de la guía de tan “conspicuo” personaje que ha utilizado al PAN veracruzano para beneficio personal y de su familia.

No obstante, lo endeble de la acusación ha servido tan sólo para demostrar la fortaleza del Pacto, gracias al hilado fino del secretario de Gobernación con los presidentes del PAN y del PRD, que los ha regresado a la senda del diálogo y el consenso.   

Y aunque el ejercicio  de los programas sociales otorga legitimación popular al gobierno, “blindarlos” para evitar su utilización electoral, con alto grado de eficiencia, es algo en que llevamos largo camino andado.

Sin embargo, me parece que ya es tiempo de que los partidos políticos dejen de ofender al electorado argumentando que no son sus deficiencias en campaña y como gobierno, sino el voto comprado el causante de sus derrotas.