Hace algunos días, al votarse una resolución de la Unesco destinada a la protección del patrimonio histórico en la Palestina ocupada, el embajador mexicano, Andrés Issac Roemer Slomianski, abandonó el salón en desacuerdo con el voto mexicano a favor, que fue emitido por otro diplomático. Explicó a medios de comunicación su inconformidad, por razones religiosas y por el contenido del acuerdo. Más adelante difundió otras noticias sobre el mismo tema, señalando su disenso de la posición de México.

Días más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo removió como representante ante el organismo. Según la SRE, Roemer fue cesado por violar la Ley del Servicio Exterior al informar a representantes de otros países del sentido del voto mexicano y hacer públicos documentos y correspondencia oficial confidencial. La secretaría decidió cambiar el sentido del voto, primero para abstenerse y luego para oponerse. La respuesta de la Unesco fue que eso ya no era posible, pues la votación había concluido. Así, en un solo proceso se lograron tres pifias consecutivas.

Es impresentable que un embajador en funciones se manifieste públicamente inconforme con la política exterior de su país. No asiste a un diplomático el derecho a la objeción de conciencia, pues por su voz habla el Estado. Para ejercer esa libertad es indispensable renunciar a la representación.

No es defendible que el gobierno mexicano cambie su voto para dejar de exigir a Israel el respeto a las normas internacionales en materia de conservación del patrimonio histórico y permitir a la Unesco desarrollar sus funciones en las zonas ocupadas de Palestina, Jerusalén Oriental incluido; mucho menos si, como algunos pretenden, éste es el primer paso para abandonar el histórico respaldo de México al restablecimiento de la legalidad en la región, con el consecuente retiro de Israel de las zonas que ilegalmente controla.

Es muy poco serio y hasta penoso intentar ese cambio de voto, presumiblemente debido a las presiones de Israel y Estados Unidos, cuando ya no es viable, generando un conflicto innecesario con un organismo internacional y con países con los que México ha convergido en estos temas por décadas.

El mecanismo de cuotas partidistas para definir cargos diplomáticos, inaugurado por Vicente Fox, y a través del cual Roemer transitó del panismo al priismo sin salir de la nómina, genera vicios como el exhibido por el ex embajador. Ocupando el cargo por cuota, Roemer asumió una sujeción laxa al gobierno, privilegiando el desarrollo de sus proyectos e intereses individuales por encima de la representación del Estado mexicano.

Las relaciones exteriores no pueden ser moneda de cambio entre partidos; pero sobre todo, no puede la conducta del Estado mexicano allanarse a las presiones de países poderosos para aceptar la violación de la legalidad internacional. Esta subordinación no sirve a los intereses de México, que incluyen la búsqueda de una coexistencia donde las relaciones entre las naciones sean marcadas por el derecho y no por la capacidad de unas de avasallar violentamente a otras.