Un balance al cumplirse 100 días

Lo más relevante de este nuevo momento político del país es al construcción del acuerdo entre el gobierno y las oposiciones.

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La presidencia de Enrique Peña Nieto se aproxima a los cien días de inicio, periodo del que se ha hecho hábito la evaluación de un nuevo gobierno. En este caso, el periodo bajo análisis debiera iniciar, al menos, a finales de agosto, cuando Enrique Peña Nieto fue formalmente declarado presidente electo. De ese entonces a la fecha se ha actuado y hay decisiones que demandan estudio, debate y comentario.

La transición de administraciones tuvo lugar en los términos ideales: sin diferencias y con una voluntad de colaboración y continuidad por ambos equipos. El presidente Calderón contó tanto con el respeto de una nueva legislatura como del presidente electo; también lo obtuvo en decisiones fundamentales, como fue la aprobación de sus iniciativas preferentes. Así, en aquel septiembre, un nuevo momento se impuso en el Congreso y esto ocurrió, precisamente, con la nueva legislatura, cuya instalación coincide con la declaración de presidente electo por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo más relevante de este nuevo momento político del país es la construcción del acuerdo entre el gobierno y las oposiciones. Como candidato, Enrique Peña Nieto tuvo el cuidado de mantener una postura de respetuoso comedimiento hacia sus adversarios y hacia quienes en el momento electoral le hicieron sentir, a veces con rudeza, su desacuerdo o rechazo. Abona a esto que a lo largo de la contienda no hay registro del candidato Peña Nieto o del coordinador de la campaña, Luís Videgaray, de intolerancia
o de recriminación hacia competidores o malquerientes; tampoco hubo una actitud para festejar la ventaja que consignaban las encuestas públicas. La prudencia fue un acierto y esto permitió un rápido y eficaz reencuentro entre el ganador y los partidos que no fueron favorecidos por el voto mayoritario.

El arranque de la administración se da en el marco del acuerdo del gobierno con los tres grandes partidos que lleva por nombre Pacto por México. Este consigna compromisos que implican cambios de gran calado. Es probable que para algunos fuera sorpresiva la disposición y voluntad presidencial para esos acuerdos, asombro solo para quienes interiorizaron el prejuicio de la campaña electoral que hizo de la persona del candidato el flanco de ataque. El análisis de su periodo como gobernador del Estado de México y su oferta y actitud durante la campaña muestran su voluntad hacia el cambio, la vigencia del interés general sobre el particular y, por tanto, el interés por impulsar reformas institucionales.

La elección no otorgó mayoría absoluta a coalición alguna en el Congreso. El gobierno dividido que existe desde 1997 no había dado lugar a una relación de entendimiento que llevara al país a grandes reformas. En otras palabras, hoy el gobierno y las oposiciones han hecho virtud de la adversidad. Estas razones le dan dimensión al acuerdo del Presidente con las oposiciones, especialmente si consideramos que en un corto periodo se ha procesado la reforma educativa y, próximamente, la reforma al sector de las telecomunicaciones.

Los cambios de fondo que el país requiere no se agotan en los actos legislativos. Es importante hacer todo con actos revestidos de autoridad para rescatar al Estado en sus responsabilidades. Hay razones para comprender las dificultades de los gobiernos anteriores frente a los poderes fácticos, aunque también hay responsabilidades políticas por no haber hecho más para hacer prevalecer el interés general. También las hay por no haber trabajado para que, a través de la voluntad gubernamental, se lograran condiciones de menor concentración en sectores fundamentales de la economía o para contener la influencia excesiva o indebida de organizaciones y líderes sociales.

Abatir la impunidad es uno de los desafíos más importantes y delicados para el bienestar de las personas y para la salud del país, empeño en el que han trabajado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador Jesús Murillo Karam. No hay cambio que no transite por este objetivo. Declinar en estas causas no solo debilita al Estado, también cuestiona en sus fundamentos al sistema de gobierno y somete a una severa presión la legitimidad del régimen democrático y el sentido de la representación política. Por esta consideración México ha llegado a ser uno de los países latinoamericanos que registra en su población un mayor desencanto con el sistema político en su conjunto. Los partidos y los legisladores, por igual, tienen una muy baja calificación en la confianza ciudadana.

Todavía más, la inseguridad lleva años ubicada como una de las mayores preocupaciones, representa una amenaza grave y muy seria a todos. Para combatir al crimen y la violencia con energía y eficacia se requieren autoridades con legitimidad y con el apoyo ciudadano. Abatir la impunidad y predicar con el ejemplo son fundamentales para librar en buenos términos esa batalla.

En materia de reformas todavía hay mucho por hacer. Habrá que ver si el entendimiento de los primeros meses del gobierno puede extenderse a otras reformas no menos difíciles y complicadas. Considero que sí, porque también en materias controvertidas y polarizadoras como la fiscal y la energética hay espacio para el acuerdo o el consenso. La política da margen para forjar las reformas profundas y trascendentes que el país requiere. El acuerdo no será fácil, pero no hay duda que con la voluntad y actitud de compromiso que han mostrado las dirigencias y los legisladores son posibles los cambios que México necesita.

El ánimo del país empieza a cambiar. Los políticos, los representantes populares y el gobierno han cumplido su tarea y esto ha ido impactando favorablemente el talante de la población. La crítica a lo que se hace tiene su parte y es útil, como también la apreciación de quienes creen que hay cosas que se están haciendo bien. Más allá de opiniones y percepciones los resultados cuentan. También en el exterior hay pronunciamientos de confianza en el país, precisamente por los acuerdos entre el gobierno y las fuerzas políticas, así como por las decisiones de autoridad emprendidas para acotar la impunidad. A cien días un balance positivo, logro de muchos.

http://twitter.com/liebano

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