17 de Julio de 2018

Opinión

Un evaluador incompetente

El “Instituto Mexicano para la Competitividad”, costeado con recursos de procedencia incierta, se dio a la tarea de difundir datos absurdos sobre los ingresos de los maestros.

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No hay duda de que hay en nuestro país ciertos grupos interesados en promover la privatización de la educación y que para ello realizan denigratorias campañas estacionales contra la educación pública, como la llevada a cabo, casualmente poco tiempo antes del Día del Maestro, por el incompetente “Instituto Mexicano para la Competitividad”, costeado con recursos de procedencia incierta, que de manera impúdica se dio a la tarea de difundir datos absurdos sobre los ingresos de los maestros.

Su evidente incapacidad para el simple análisis, ni hablar del rigor científico, da cuenta de sus graves deficiencias educativas y sus prejuicios ideológicos.

Sin embargo, ello no debe ser un obstáculo para llevar a cabo una evaluación a la calidad de la educación pública y sus deficiencias para poder superarlas, como es el objetivo de la recién aprobada Reforma Educativa.

Eventos inadmisibles, como el tan inhumano cuanto injustificable rapto de las doscientas niñas en Nigeria por motivos religioso-educativos, que no debe permanecer impune, pueden ayudarnos a reflexionar sobre la importancia de la educación pública en nuestro país, cuyo punto de partida fue similar al que se vive en esa región. También aquí tuvo que enfrentarse con la oposición de los fanáticos que preferían una población desescolarizada.

No obstante, desde su establecimiento, en Yucatán con Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto, la educación pública ha experimentado diversas transformaciones, aunque su desarrollo ha resultado desigual para cada uno de los Estados de la República.

En nuestro Estado el nivel académico de la enseñanza pública, gracias a la capacitación permanente y al compromiso de nuestros maestros, es de los mejores. Empero esa situación resulta diferente en Oaxaca y Guerrero donde, además de las deficiencias en infraestructura educativa, el calendario escolar no es respetado debido al ausentismo magisterial. Los programas académicos mucho menos.

Y ello se debe a que las autoridades estatales han cedido el control de los procesos educativos a las organizaciones laborales magisteriales, a cambio de que sus sindicatos puedan ser utilizados para tareas de política partidista.

Como sucedió con la hoy procesada Elba Esther Gordillo, convertida en factótum electoral en los 12 años de regímenes panistas, en que el Estado Mexicano le cedió el control sobre el proceso educativo, lo que propició  graves retrocesos.

Es preciso que esas administraciones estatales retomen la responsabilidad para mejorar la calidad de la educación que imparten y que los maestros de esas entidades cobren conciencia de que su principal compromiso es con la educación de los niños. Porque mejor calidad en educación significa mejores ciudadanos, con mejor salud y mejores ingresos.

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