19 de Septiembre de 2018

Opinión

Un explosivo desafío comunitario

“El gobierno estatal y el federal se han puesto de acuerdo para golpearnos y aplicar el decreto que hemos repudiado públicamente".

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El tono del comunicado del martes 7 de mayo emitido por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias da idea del terreno constitucional perdido por las autoridades:

“Nos vemos obligados a movilizarnos para exigir la liberación inmediata e incondicional de nuestros compañeros detenidos el día de ayer 6 de mayo por efectivos del ejército y la marina (así, en minúsculas) en el puerto de Acapulco mientras cumplían una comisión oficial de nuestra institución comunitaria.” 

Y da el motivo de las capturas: “Portación de arma prohibida”. 

Con el armamento, a los detenidos les aseguró el Ejército un par de vehículos. 

“El gobierno estatal y el federal se han puesto de acuerdo para golpearnos y aplicar el decreto que hemos repudiado públicamente, en donde nos reduce a ser simples policías auxiliares de las policías municipales y que nos prohíbe transitar fuera de nuestros territorios”, dice el comunicado. 

Pues… sí: las aprehensiones ocurrieron en ¡Acapulco!, ciudad que desde luego no es un “territorio comunitario”.

Confesión de lo que ninguna corporación constitucional policiaca o militar puede hacer, la de tomar partido:

“La detención de nuestros compañeros, es una represalia clara por nuestra participación en el movimiento popular de guerrero y por el apoyo que hemos dado a la lucha magisterial.”

Por lo mismo, “exigimos la devolución de las armas y los dos vehículos decomisados, porque son del pueblo y sirven a la seguridad de nuestras comunidades”.

¿Qué “pueblo” y de dónde salieron las armas de uso militar exclusivo? ¿Qué “seguridad” procuraban los capturados (libres ya bajo fianza) en la “comunidad” de Acapulco?

Al día siguiente de las detenciones y los aseguramientos, policías comunitarios tomaron, ellos sí, represalias: secuestraron a un secretario de acuerdos; al comandante y a cuatro agentes de la Policía Ministerial, así como a siete policías municipales, despojándolos también de sus armas y vehículos oficiales.

“En nuestras manos quedó el armamento decomisado a policías ministeriales: cinco armas largas y dos pistolas; las aseguradas a los preventivos: cinco fusiles y tres pistolas, así como las diez armas del municipio de Malinaltepec. Un total de 25 armas, aproximadamente”, se ufanó Raúl de Jesús Cabrera, coordinador de la CRAC.

Otro de sus comandantes, Leonel Vázquez, hizo recuento: “Hasta ahorita llevamos alrededor de 41 armas largas y 7 pistolas. No estaban todos (los municipales) porque algunos se escondieron…”.
El sábado, para sortear el problema que vienen extrapolando estas policías-activistas de movimientos políticos tales como el de la coordinadora de maistros, “gobierno y CRAC catafixian camionetas por funcionarios en Guerrero”, difundió MILENIO.com.  

No obstante, el coordinador general de la CRAC, Eliseo Villar Castillo, lanzó esta cubeta verbal de gasolina: “Si respetan los acuerdos caminaremos por la vía de la paz…”.

Pero “nos faltan las armas” (las prohibidas), advirtió Raúl de Jesús Cabrera, otro de los coordinadores comunitarios. 

Se antoja impensable que la PGR siquiera lo considere…  

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